El Consejo de la Magistratura de Bolivia determinó realizar auditorías jurídicas exhaustivas a todos los procesos judiciales vinculados a los hechos de Senkata y Sacaba, ocurridos en noviembre de 2019 durante la crisis política que dejó decenas de víctimas fatales. La decisión, tomada por unanimidad en Sala Plena, responde a una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad del sistema judicial en uno de los episodios más sensibles y controvertidos de la historia reciente del país.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, explicó que la medida no se trata de un "capricho institucional", sino de una acción concreta para revisar más de 80 causas abiertas en el marco de estos hechos, como parte del seguimiento a las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si bien el Consejo no tiene competencia para revisar el fondo de las sentencias, sí puede verificar si los jueces actuaron conforme a la normativa y al debido proceso. En caso de encontrarse irregularidades, se activarán los mecanismos de sanción disciplinaria correspondientes.
Baptista también se refirió a casos emblemáticos, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, y señaló que, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría revisado una de las sentencias, hasta la fecha no se remitió formalmente la resolución al Consejo de la Magistratura, lo que impide establecer eventuales responsabilidades del juez que conoció el caso.
Con esta auditoría jurídica, el Consejo busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad del sistema judicial en uno de los episodios más sensibles y controvertidos de la historia reciente de Bolivia, marcado por la demanda de justicia y verdad de las víctimas y sus familiares.
