El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 15 de diciembre, la reclasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva, una medida inédita que busca enfrentar con mayor contundencia la crisis de sobredosis que afecta al país.
Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario comparó el impacto de esta droga con el de un ataque bélico, asegurando que "ninguna bomba hace lo que esto está haciendo", en referencia a las más de 200.000 muertes anuales atribuidas al consumo de opioides sintéticos como el fentanilo.
"Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva", afirmó Trump al firmar el decreto. "Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo; mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año, que sepamos", aseguró.
El fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, ha sido señalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el principal responsable de la ola de sobredosis que azota al país en los últimos años. Entre 2021 y 2023, más de 250.000 personas murieron por sobredosis relacionadas con opioides, cifras que superan las bajas de muchos conflictos bélicos recientes.
De hecho, el fentanilo es señalado como la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años.
La decisión fue formalizada mediante una orden ejecutiva que instruye a distintas agencias federales a desplegar recursos adicionales contra los cárteles y redes internacionales responsables de inundar comunidades estadounidenses con fentanilo. Según Trump, el fentanilo no solo representa un problema de salud pública, sino también una amenaza directa a la seguridad nacional, al alimentar estructuras criminales transnacionales y desestabilizar comunidades enteras.
La medida también tiene un fuerte componente geopolítico, ya que Trump responsabilizó a cárteles mexicanos y redes extranjeras de ser los principales proveedores de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que refuerza su narrativa de seguridad fronteriza y la necesidad de cooperación internacional para frenar el tráfico de drogas.
Con esta orden, se espera un endurecimiento en las políticas de persecución y sanción contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El Departamento de Justicia tendrá la misión de endurecer las acusaciones penales, incorporando agravantes y ajustes en las condenas vinculadas al tráfico de fentanilo.
De forma complementaria, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado recibirán facultades para intervenir sobre bienes, cuentas y estructuras financieras relacionadas con la fabricación, distribución y comercialización de este opioide, así como de los insumos químicos que permiten su producción.
Finalmente, el documento otorga un papel reforzado al Departamento de Defensa, que tendrá la responsabilidad de analizar si resulta necesario aportar recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia en escenarios de emergencia relacionados con amenazas catalogadas como armas de destrucción masiva.
