La Sala Constitucional de Costa Rica se encuentra analizando 12 recursos de amparo presentados contra la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
De estos, 11 recursos se encuentran en trámite y uno está en etapa de admisibilidad, según informó la oficina de prensa de la Sala ante una consulta de La Nación. Además, los magistrados rechazaron de plano otro recurso adicional.
Los amparos se tramitan por separado, es decir, no han sido acumulados en un solo expediente. Los casos se encuentran asignados al estudio de seis magistrados distintos.
En su mayoría, los recurrentes argumentan que los precios fijados para acceder a las frecuencias de radio y televisión son desproporcionados, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Asimismo, advierten sobre el riesgo de un apagón informativo, sobre todo en zonas donde estos medios representan la única fuente de información para la población.
Esta subasta fue suspendida el 26 de noviembre tras una primera medida cautelar dictada por el magistrado Paul Rueda, mientras se resuelve uno de los amparos. Rueda encontró indicios plausibles de que continuar con la subasta podría provocar daños severos por una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica.
Aunque la Sutel reconoce la existencia de 24 concesionarios de televisión y 74 de radio (25 en AM y 49 en FM), la cantidad de participantes en la subasta fue muy baja. Solo hubo 20 ofertas para radio FM, una oferta para radio AM y cuatro para televisión.
Los precios base definidos por la Sutel para participar en la subasta, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron los siguientes:
- Radio FM: entre $5,000 y $50,000 por frecuencia
- Radio AM: entre $2,500 y $25,000 por frecuencia
- Televisión: entre $100,000 y $500,000 por frecuencia
Esta situación ha generado preocupación entre los medios de comunicación costarricenses, quienes temen que la subasta pueda afectar la pluralidad informativa y el acceso a la información en el país.
