De acuerdo con la Constitución Política estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano con plena autonomía, encargado de resolver controversias entre la administración pública estatal o municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y particulares. Sin embargo, este importante tribunal enfrenta una crisis por la falta de personal, con siete cargos vacantes de un total de 24 integrantes.
Según la información proporcionada, en la primera sección de la Sala Superior Toluca se conforma de tres integrantes, pero hay un lugar vacante; en la segunda sección de la Sala Superior Tlalnepantla de Baz hay tres integrantes, pero un lugar vacante. También se encuentran vacantes la tercera Sala Regional de Tlalnepantla de Baz, la quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl y la sexta Sala Regional en Atizapán de Zaragoza.
Además, de las magistraturas supernumerarias, está vacante la magistratura supernumeraria de Toluca y la magistratura Jurisdiccional Consultiva.
La Constitución Política estatal establece que la Legislatura debe aprobar por las dos terceras partes los nombramientos de magistradas y magistrados que proponga la persona titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación. En caso de rechazo, el Ejecutivo puede enviar una segunda propuesta y, de no aprobarse, realizar un tercer nombramiento que surtirá efectos de manera inmediata.
Durante los recesos legislativos, estas aprobaciones pueden ser realizadas por la Diputación Permanente. Sin embargo, la falta de personal pone en riesgo el adecuado funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que podría generar retrasos y afectar la resolución de las controversias que le competen.
Expertos en derecho administrativo señalan que esta situación es preocupante, ya que el Tribunal de Justicia Administrativa desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos entre la administración pública y los particulares. La falta de personal podría derivar en una acumulación de casos pendientes y una menor eficiencia en la impartición de justicia administrativa.
Ante este panorama, se espera que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para cubrir los cargos vacantes y garantizar el pleno funcionamiento de este importante órgano jurisdiccional, que juega un rol crucial en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.
