El papel de la función judicial en una democracia es ser el garante imperturbable de la legalidad y los derechos fundamentales. Sin embargo, en la era de la inmediatez mediática y la sed de escarmiento social, los jueces se enfrentan a un asedio constante del populismo penal, que los empuja a tomar decisiones motivadas por el miedo en lugar de la aplicación estricta de la ley.
El populismo penal es la tendencia política y mediática a responder a la inseguridad ciudadana y a los crímenes de alto impacto con un aumento desproporcionado de la severidad punitiva, simplificando problemas complejos y prometiendo soluciones fáciles. Cuando un caso particular captura la atención nacional, la presión se traslada directamente a los hombros del magistrado, quien se enfrenta a una disyuntiva cruel: aplicar la ley de forma estricta, lo que puede resultar en una medida menos severa de lo que exige el clamor popular, o ceder al clamor y emitir una decisión que satisfaga la exigencia social, a menudo extralimitándose en la prisión preventiva o aplicando penas que no se corresponden con la racionalidad jurídica.
Las decisiones judiciales basadas en el miedo al populismo penal erosionan tres pilares fundamentales del Estado de derecho: la independencia judicial, la presunción de inocencia y la racionalidad del derecho penal. La excepcionalidad se vuelve regla y la legalidad se vuelve maleable, convirtiendo al sistema judicial en un apéndice de la agenda política o mediática.
La única vacuna efectiva contra este flagelo social del populismo penal es la fortaleza institucional y personal del juzgador. El gremio y asociaciones de abogados, la academia y los propios órganos judiciales tienen la obligación de salir en defensa de aquellos jueces que, cumpliendo estrictamente con la ley, se enfrentan al rugido de la muchedumbre. La defensa del juez imparcial es la defensa de la justicia misma, y de no hacerlo, estaríamos permitiendo que el populismo penal y el miedo personal de un juez se conviertan en los criterios de las decisiones más criminales que el propio crimen juzgado.










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