El secretario de Comunidades y Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, ha manifestado que diversos pueblos originarios de la entidad han expresado su inconformidad con algunos puntos de la recién aprobada Ley General de Aguas.
Rascón señaló que "es de dominio público que cualquier tipo de modificaciones a cualquier ley tiene que pasar por un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas", en referencia al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Los pueblos originarios han cuestionado aspectos clave de la nueva legislación, que regula el acceso, uso y aprovechamiento del agua en el país. Algunos de los puntos de desacuerdo incluyen la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos hídricos ancestrales, así como la ausencia de mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones.
"Nosotros hemos hecho llegar nuestras observaciones y preocupaciones a las autoridades correspondientes. Esperamos que se abra un verdadero diálogo y se considere nuestra visión antes de cualquier reforma a la ley", manifestó un representante de una comunidad indígena.
La Ley General de Aguas, aprobada recientemente por el Congreso, ha sido objeto de intenso debate y movilizaciones por parte de diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Uno de los principales cuestionamientos ha sido la falta de un enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad en el manejo del agua.
Ante esta situación, el secretario Rascón reiteró la necesidad de que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones internacionales y realice una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de proceder con cualquier reforma a la legislación. "Es un derecho que les asiste y que deben ser respetado", concluyó.
