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Congreso otorga facultades legislativas al Gobierno por 60 días para fortalecer seguridad y economía

Congreso otorga facultades legislativas al Gobierno por 60 días para fortalecer seguridad y economía

El Congreso de la República del Perú ha otorgado facultades legislativas al Gobierno por un plazo de 60 días para que emita normas en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Esta medida, establecida mediante la Ley N. 32527, permitirá al Ejecutivo dictar decretos legislativos en diversos frentes vinculados a la seguridad, la economía y la modernización del Estado.

Entre las principales medidas, se destaca la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), orientado a enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro y otras modalidades criminales que afectan al transporte público y al traslado de mercancías. Además, se contempla la modificación de la Ley del Refugiado para reforzar los procedimientos de reconocimiento y archivo de casos, así como el registro de datos personales.

En el ámbito económico, se reformará la Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, con el objetivo de fortalecer institucionalmente el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y optimizar la gestión de estos proyectos. Asimismo, se plantea establecer un nuevo marco normativo para incentivar la inversión privada en bienes públicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación.

En cuanto al fortalecimiento institucional, la ley destaca la modificación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado para promover y mejorar la innovación pública dentro del sistema de modernización. Además, se contempla la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), con el objetivo de mejorar la respuesta del Estado en materia penitenciaria.

Tras la promulgación de la ley, el Gobierno deberá emitir los decretos legislativos dentro del plazo de 60 días, con la finalidad de impactar directamente en la seguridad, el crecimiento económico y la calidad de vida de los peruanos.

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