El gobierno de El Salvador ha incumplido un convenio firmado en 2024 con Estados Unidos y el banco JP Morgan para la recuperación del Río Lempa, al derogar la Ley de Prohibición Definitiva de la Minería Metálica, aprobada en 2017.
El acuerdo de "Conversión de Deuda por Naturaleza" comprometía al gobierno a "mantener las normas de protección ambiental existentes". Sin embargo, un mes después de la firma, el presidente Nayib Bukele anunció la reactivación de la minería de metales, y en diciembre de 2024 los diputados oficialistas derogaron la ley prohibitiva y aprobaron una nueva Ley General de Minería Metálica.
Esta decisión se tomó sin estudios técnicos, sin discusión y en contra de la opinión de la Iglesia Católica, universidades, organizaciones ecologistas y la mayoría de la población, que rechaza la minería metálica en el país.
La explotación minera sería "el tiro de gracia" para el ya deteriorado Río Lempa, que se convertiría en un "charco de agua con cianuro y drenaje ácido de minas", advierte el articulista, un periodista y activista ambiental.
Ante esta situación, el autor urge al gobierno a derogar la nueva ley permisiva y restablecer la prohibición definitiva de la minería metálica, ya que ningún proyecto de recuperación del Lempa es viable si se permite esta actividad. Además, llama a detener la "ofensiva de destrucción ambiental" en el país.
El Salvador enfrenta un grave deterioro de sus ecosistemas y estrés hídrico, por lo que la minería metálica sería "el acabose ambiental del país", concluye el artículo.
