El Ministerio de Consumo de España ha sancionado a la plataforma de alquiler de viviendas Airbnb con 64 millones de euros por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, que ya es firme tras el recurso interpuesto por la compañía, también obliga a Airbnb a eliminar los contenidos ilegales y a hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones identificadas por el Ministerio incluyen la publicación de 65.122 anuncios de alojamientos sin la correspondiente licencia, así como el uso de números de registro que no se corresponden con los utilizados para este tipo de anuncios turísticos.
La sanción, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios ilegales, se enmarca en los esfuerzos del Gobierno español por regular el auge de los pisos turísticos, que ha contribuido a la escasez de alquileres residenciales y al aumento de los precios.
Tras conocerse la noticia, la asociación de consumidores Facua celebró la multa, considerándola la segunda más alta impuesta en España, solo superada por los 108 millones que se le impusieron a la aerolínea Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano.
El Ministerio de Consumo ya había instado a Airbnb a eliminar más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en mayo pasado, después de haberle remitido hasta tres resoluciones notificando la detección de estos contenidos ilícitos.
La proliferación de pisos turísticos ofertados al margen de la legalidad ha sido uno de los factores que ha contribuido a la escasez de alquileres residenciales y al aumento de los precios, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras de España.
La multa impuesta a Airbnb se enmarca en los esfuerzos del Gobierno español por regular este sector y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a que los pisos turísticos cuenten con un número de registro para poder ser ofertados.
