El Gobierno de Guatemala ha decretado el "estado de prevención" en una región indígena del país, luego de que se registraran violentos enfrentamientos que dejaron varias personas muertas. Esta medida extraordinaria permite a las autoridades limitar los derechos de reunión y manifestación de los habitantes de la zona.
La decisión se tomó tras los enfrentamientos ocurridos en la región de Alta Verapaz, donde grupos criminales han estado operando y generando violencia. Según las autoridades, el objetivo es "desarticular estos grupos delictivos" que han estado causando problemas en la zona.
El "estado de prevención" es una figura legal que otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad. Esto incluye la posibilidad de restringir la libertad de tránsito, limitar las reuniones públicas y suspender ciertos derechos constitucionales de manera temporal.
Líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que afecta desproporcionadamente a las comunidades nativas de la región. Temen que se utilice como excusa para reprimir las protestas y la movilización social.
"Es una medida que históricamente se ha usado para criminalizar la protesta y la organización de los pueblos indígenas", señaló Juan Tiney, director de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC).
Las autoridades guatemaltecas han justificado la decisión indicando que es necesaria para restablecer el orden y la seguridad en la zona, afectada por la violencia de los grupos criminales. Sin embargo, los líderes locales denuncian que esto solo empeorará la situación y profundizará los conflictos.
Este no es el primer incidente de violencia en la región de Alta Verapaz. En los últimos años, se han registrado enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, grupos de autodefensa indígena y organizaciones delictivas, en medio de disputas por el control de recursos naturales y territorios.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno guatemalteco para que garantice la protección de las comunidades indígenas y respete sus derechos, en lugar de recurrir a medidas que restringen aún más sus libertades.
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