El Congreso de Morelos aprobó la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para dar paso a la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia que concentrará las funciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas.
La decisión fue cuestionada por diputadas de oposición, activistas y periodistas, quienes advirtieron un retroceso institucional y riesgos para la transparencia y la vigilancia del poder. Argumentaron que trasladar estas atribuciones a una dependencia del Ejecutivo puede afectar la imparcialidad y debilitar los contrapesos.
La iniciativa de reforma fue enviada por el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, y contempla la derogación del artículo 23-A de la Constitución local, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.
Durante la discusión en el pleno, legisladoras de oposición expresaron su rechazo a la desaparición del organismo autónomo. La diputada panista Andrea Gordillo consideró que el IMIPE no es un lujo, sino una garantía constitucional, y advirtió que concentrar las funciones de transparencia en el Poder Ejecutivo rompe el principio de imparcialidad, debilita la democracia y envía un mensaje negativo en un estado marcado por la corrupción.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, respaldó el dictamen por obligación constitucional, pero señaló que la desaparición de órganos autónomos debilita la transparencia y los contrapesos. "No combate la corrupción, la centraliza", afirmó.
Desde la mayoría legislativa, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado morenista Isaac Pimentel Mejía, defendió la reforma al señalar que se trata de una armonización constitucional alineada al nuevo marco federal. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, afirmó que la transparencia no depende de un órgano autónomo, sino de la voluntad de los servidores públicos.
Especialistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la extinción del IMIPE, advirtiendo que puede debilitar los mecanismos de vigilancia, acceso a la información y rendición de cuentas en el estado. Señalaron que la concentración de estas funciones en una dependencia del Ejecutivo complica el acceso a la información pública, especialmente en áreas con altos niveles de opacidad.
El periodista Jesús Castillo García advirtió que la decisión no responde a criterios técnicos, sino a una lógica política de concentración del poder, y recordó que el acceso a la información pública es un derecho humano que debe ser tutelado por órganos autónomos, especializados e independientes.
