La detención de 11 jóvenes acusados de terrorismo en Bogotá ha encendido una controversia entre los que consideran que se criminaliza la protesta social y los que defienden la contundencia de las pruebas técnicas presentadas por las autoridades.
Una carta firmada por 31 congresistas de izquierda, entre ellos el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, exige garantías y libertad para los detenidos. Según el documento, los jóvenes han sido objeto de "hostigamientos, señalamientos y persecución", en acciones que los parlamentarios consideran violatorias del derecho constitucional a la protesta y la organización social.
Los congresistas insisten en la necesidad de que los capturados puedan enfrentar sus procesos en libertad, sin que la prisión preventiva se utilice como medida restrictiva. Argumentan que "resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la protesta social la continuidad de la privación de la libertad a los jóvenes involucrados en los hechos, en ausencia de pruebas que sustenten una medida tan gravosa".
Sin embargo, las autoridades han presentado un robusto expediente judicial que incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, análisis en redes sociales, agentes encubiertos y 13 diligencias de allanamiento. Según la Policía y la Fiscalía, los acusados pertenecen a una organización clandestina llamada PPP, que se habría infiltrado en universidades públicas para planear acciones y fabricar artefactos explosivos, como papas bomba y cocteles molotov, utilizados en ataques contra el sistema de transporte público y uniformados.
Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de material explosivo, pólvora, dispositivos móviles, computadores, prendas utilizadas en los hechos y un arma de letalidad reducida. Las pruebas técnico-científicas permitieron reconstruir la estructura de roles de la supuesta organización y vincular a los procesados con al menos diez episodios violentos entre 2024 y 2025.
Mientras los congresistas demandan una interpretación menos restrictiva basada en el derecho de reunión y protesta, la Fiscalía General ha imputado a los jóvenes delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público, por lo que un juez ordenó su detención preventiva.
La división entre quienes consideran que se criminaliza la protesta social y quienes defienden la contundencia de las pruebas técnicas ha generado una serie de críticas en las plataformas digitales, en especial de los sectores de la oposición, que han expresado sus reparos a la solicitud firmada por los senadores y representantes afines al Gobierno.
