La Contraloría General de la República reveló que exfuncionarios de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo resultaron beneficiados con recursos públicos provenientes de distintos fondos concursables, lo que fue calificado como contrario a los principios de probidad administrativa.
Según el Informe Final N 580 de la Contraloría, que analizó las transferencias realizadas entre enero de 2024 y marzo de 2025, se identificó a siete receptores de recursos que formaban parte de la institución, ya sea en calidad de contrata o a honorarios, tanto en la región como en otras dependencias del servicio.
De acuerdo al documento, se entregaron más de $11 millones del Fondo del Libro y la Lectura a un funcionario a contrata y más de $81 millones a personas contratadas a honorarios que resultaron beneficiadas en fondos como Artes Escénicas, FONDART Regional, Fondo de la Música y Fondo del Libro.
Para la Contraloría, estas situaciones no se condicen con la normativa que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en procedimientos en los que tengan interés personal, contraviniendo el principio de probidad administrativa.
Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Coquimbo justificaron estas situaciones señalando que la contratación a honorarios por montos menores no impide la participación en concursos públicos y que no se configura vulneración a los principios señalados. No obstante, el ente fiscalizador exigió incorporar en las bases concursables disposiciones más claras y específicas que regulen estas situaciones, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a postulantes y evaluadores.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno salió a aclarar que las personas a las que se hace referencia en el informe de la Contraloría no eran funcionarios en ejercicio de la Seremi de las Culturas al momento de la adjudicación de los fondos, sino que se trataba de "artistas expertos que fueron contratados bajo la modalidad de honorarios, prestación de servicio, como pares evaluadores".
Asimismo, explicaron que en uno de los casos mencionados, se trató de "un profesional del sector cultural que ejerció funciones como reemplazo a contrata en un período acotado, comprendido entre el 4 de septiembre y el 1 de noviembre de 2023", y que la adjudicación del fondo se materializó en el año 2024, "una vez que el período de reemplazo y sus funciones en la administración pública habían finalizado".
El Gobierno concluyó "desmentiendo categóricamente que las personas que resultaron adjudicatarias fueran funcionarios de gobierno en ejercicio de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) al momento de la adjudicación".
