En un caso que destapa presuntos actos de corrupción a gran escala, el exministro de Economía y expresidente de Bolivia, Luis Arce, ha sido imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía alega que entre 2013 y 2015, Arce desembolsó más de 100 millones de bolivianos a unas 20 cuentas bancarias de dirigentes de organizaciones sociales afines al partido MAS.
Según la investigación, el dinero provenía de fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo campesino, pero fueron a parar a cuentas personales de líderes sociales. Entre los principales beneficiarios se encuentran Melva Hurtado Áñez, Hubert Rivero Méndez, Victoria Justiniano Gonzales, Dionicio Flores López, René Jimenez Ledezma, Rolando Ali Garzofino y Joaquín Salomé Apaza, quienes recibieron sumas que oscilan entre los 3 y 22 millones de bolivianos.
Además, se menciona a otros dirigentes de alto perfil del MAS, como Juanita Ancieta, Jorge Choque Salomé, Fernando Choque y Hilarión Mamani, quienes también habrían engordado sus cuentas con recursos públicos. Incluso se señala al actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien en su época como dirigente de la CSUTCB habría recibido 600.000 bolivianos.
El abogado de la parte denunciante, Eduardo León, explicó que el delito principal es el "depósito de dineros públicos en cuentas particulares", lo cual habría beneficiado a dirigentes y exdirigentes de organizaciones sociales afines al MAS.
Tras su aprehensión el miércoles, Arce fue llevado ante un tribunal, donde la Fiscalía solicitó 90 días de detención preventiva en un centro de reinserción para menores infractores. Sin embargo, juristas cuestionaron la legalidad de esta medida, calificándola de "ilegal y absurda".
Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que Arce debe ir a un juicio ordinario, y confirmó la audiencia para este viernes a las 13:00. La defensa del exmandatario ha pedido su "libertad pura y simple", alegando problemas de salud y el cuidado de su madre.
Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al Fondo Indígena en Bolivia, y pone en entredicho el manejo de recursos públicos durante la era del MAS. La investigación continúa, y se espera que surjan más detalles sobre la magnitud de los supuestos desvíos de fondos.
