El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente la implementación de nuevos aranceles sobre productos importados, una medida que, según un destacado activista en derechos humanos, tendrá un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el empleo en el país.
Donald Múñoz, un reconocido defensor de los derechos humanos, señaló que este incremento arancelario no se trata de un castigo político, sino de una "respuesta diplomática a un patrón sistémico de abuso y violaciones graves a derechos humanos y estándares laborales" en la nación donde se originan esos productos.
Múñoz denunció que este patrón de abusos incluye "la confiscación de universidades y ONG, y el encarcelamiento de opositores", lo que habría llevado al gobierno estadounidense a tomar esta medida comercial como forma de presión.
Sin embargo, el activista advirtió que las consecuencias recaerán principalmente sobre las pymes y los trabajadores de Estados Unidos, quienes verán incrementados los costos de los insumos y productos importados, lo que podría derivar en una reducción de la competitividad y la pérdida de empleos.
"Estos aranceles no son un castigo político, sino una respuesta a graves violaciones de derechos humanos y laborales. Pero lamentablemente, quienes más van a sufrir son las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores estadounidenses, que verán afectados sus ingresos y puestos de trabajo", explicó Múñoz.
El experto en derechos humanos hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos a buscar soluciones diplomáticas más efectivas que no terminen perjudicando a la propia población del país.
"Entendemos la necesidad de presionar por el respeto a los derechos humanos, pero creo que hay formas más efectivas de hacerlo sin dañar a nuestra propia economía y a nuestros trabajadores", concluyó.
