El Gobierno de Guatemala está impulsando una política salarial a nivel tripartito, que involucre a trabajadores, empleadores y el Estado, con el objetivo de mejorar la estructura de ingresos de los trabajadores del país.
Según informó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), la Comisión Nacional del Salario (CNS) ha analizado los elementos que podrían formar parte de esta política salarial y ha planteado recomendaciones al Ejecutivo, que "en su momento convocará a un diálogo más amplio sobre desarrollo productivo".
Dentro de la Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028, elaborada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, se propone la promoción del empleo digno con enfoque en derechos y diálogo social tripartito, retomando las acciones incluidas en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (PNED).
Guido Ricci, delegado del sector empleador ante la CNS, consideró que contar con una política salarial nacional es un tema central para el país y se ha propuesto como un componente de una política de empleo que permita ampliar el sector formal con más y mejores puestos de trabajo.
"La política de empleo debe contemplar certeza jurídica, infraestructura y condiciones adecuadas para atraer inversión a los departamentos, mientras que la política salarial debe ir acompañada de la capacitación de los trabajadores, de acuerdo con las oportunidades en cada lugar, a fin de generar clústeres", explicó Ricci.
Por su parte, Maritza Velásquez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), afirmó que la política actual carece de una aplicación real y justa, ya que sectores como el trabajo doméstico continúan excluidos. Velásquez pidió que las políticas sean inclusivas y consideren el costo de la canasta ampliada, que incluye vivienda, comunicaciones y transporte, elementos básicos para una vida digna.
En ese sentido, el investigador Guillermo Díaz, de la Universidad Rafael Landívar, propuso que en una política nacional de salarios se podría promover un incremento progresivo durante cinco años, con rangos del 5% al 7%, lo que permitiría a los inversionistas incluirlo en sus costos y evitar decisiones de último momento.
El objetivo es elevar el salario promedio del país, ya que el esquema actual se limita al salario mínimo, que es una obligación constitucional. Según Ricci, las discusiones deben basarse en criterios técnicos y brindar previsibilidad, por ejemplo, fijar incrementos para períodos de tres años.
Cabe destacar que, con el apoyo de la OIT, se ha discutido en las comisiones paritarias de salarios y en la CNS el uso de una fórmula para fijar los ajustes salariales, incluyendo el valor mínimo de la meta de inflación y un ajuste por productividad. Sin embargo, el sector sindical ha rechazado esta fórmula, ya que no refleja la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Ahora, el Gobierno busca convocar a un diálogo más amplio sobre desarrollo productivo, en el que la política salarial sea uno de los pilares estratégicos, con el fin de mejorar los ingresos de los trabajadores y promover el empleo digno en el país.
