La República Dominicana se enfrenta a una crisis profunda en su sistema educativo, evidenciada por dos trágicos incidentes recientes que han conmocionado al país. El fallecimiento de los estudiantes Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, y Stephora Anne Mircie Joseph, de 11 años, en hechos vinculados al entorno escolar, han puesto de manifiesto un deterioro alarmante en la formación moral, la autoridad y la coherencia institucional de muchas escuelas.
Estos episodios no son hechos aislados, sino síntomas de un problema sistémico que se ha gestado durante casi tres décadas. La relegación de la educación cívica y moral, sumada a una mala interpretación de la disciplina como autoritarismo, han dejado un vacío que se expresa hoy en conductas violentas, negligencia y falta de respeto en los entornos escolares.
En respuesta, el Gobierno dominicano ha anunciado la creación de una mesa interinstitucional "permanente" entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en la prevención, el monitoreo y el establecimiento de protocolos de actuación. Sin embargo, la ciudadanía exige resultados concretos, responsables identificables y una continuidad real en las acciones, pues está cansada de anuncios que no van más allá de las ruedas de prensa.
La Constitución y la Ley 66-97 son claras al establecer la obligatoriedad de la formación social, cívica y ética en todas las escuelas, públicas y privadas. No obstante, existe un abismo entre la teoría legal y la práctica cotidiana, que se ha cobrado la vida de jóvenes estudiantes.
Una señal alentadora es la Ordenanza 02-2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025-2026. Sin embargo, esto no será suficiente si no se acompaña de una formación docente rigurosa, coherencia institucional y una supervisión real.
Desde el Frente Cívico y Social, se plantea que recuperar la disciplina como virtud cívica, y no como castigo, es fundamental para volver a educar el carácter de los estudiantes. Esto implica ser coherentes, persistentes y consistentes en la aplicación de límites razonables y la construcción de hábitos que fortalezcan la voluntad.
Ante esta crisis, se proponen medidas concretas, como la implementación de un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras. Además, se exige la publicación trimestral de indicadores públicos de convivencia escolar, con estricta protección de identidad, que permitan medir avances en prevención y atención de incidentes.
La educación del carácter es fundamental para reducir la violencia y construir una sociedad más justa y pacífica. Es urgente que la República Dominicana asuma la educación moral y cívica con la seriedad que merece, pues de lo contrario seguirá llorando a sus hijos.
