Un hombre sufrió lesiones permanentes y daños en su vehículo tras ser embestido durante un examen de manejo organizado por autoridades municipales en la provincia de Buenos Aires. Luego de una extensa disputa judicial, un fallo condenó solidariamente a la administración local y a la empresa concesionaria encargada de la verificación técnica vehicular (VTV).
La víctima acudió al predio municipal el 22 de mayo de 2015 para completar la verificación técnica obligatoria de su automóvil. Mientras aguardaba en un sector asignado, fue sorpresivamente embestido por una camioneta cuya conductora participaba del examen práctico de manejo.
El juzgado determinó que tanto la municipalidad como la operadora del servicio de VTV debían brindar un entorno seguro a los usuarios. Se les responsabilizó por la falta de adecuadas medidas preventivas que hubiesen evitado el paso del vehículo desde el área del examen hasta el sector donde permanecían otras personas y autos.
La víctima sufrió politraumatismos y lesiones en diversas partes del cuerpo, con una incapacidad parcial permanente superior al 21%. Además, un peritaje psicológico concluyó en la existencia de daño psíquico con secuelas persistentes.
En el análisis de la causa, el tribunal evaluó que la separación entre los sectores del predio era inadecuada, ya que un portal de alambre fácilmente podía ser traspasado en caso de maniobras accidentales o pérdida de control durante la prueba de manejo.
Las defensas de la municipalidad y la concesionaria intentaron desestimar su responsabilidad, argumentando que la culpabilidad recaía exclusivamente en la conductora del vehículo embistente. Sin embargo, la jueza señaló que la organización y supervisión de la prueba correspondían a la autoridad local, responsable del uso y seguridad del playón.
En función de los antecedentes probatorios, el juzgado estableció que ambos agentes debían responder de manera objetiva, ya que las autoridades tienen un deber de adoptar medidas previas eficaces para evitar daños previsibles en espacios de uso público y en actividades que implican riesgo.
La empresa concesionaria también fue señalada por ordenar el estacionamiento de los automóviles de sus clientes junto al débil alambrado que dividía los sectores, incrementando la exposición a potenciales accidentes.
En la resolución, se asignó un 70% de responsabilidad a la municipalidad y un 30% a la concesionaria. Ambas deberán abonar de manera solidaria una indemnización total cercana a los 5,8 millones de pesos.
Este caso expone la importancia de la prevención de accidentes y de la responsabilidad compartida en la gestión de espacios públicos donde convergen servicios obligatorios y actividades de riesgo.
