Los primeros cien días de gestión del presidente Abelardo de la Espriella han estado marcados por un giro abrupto en sus prioridades iniciales. Aunque el mandatario asumió el cargo con un plan centrado en la economía, la salud y la seguridad, un terremoto de magnitud 7,4 ocurrido apenas tres días después de su posesión obligó a la Casa de Nariño a redireccionar sus esfuerzos hacia la reconstrucción y la atención de la emergencia.
En este primer balance, la seguridad se ha consolidado como el eje más visible de su administración. Bajo una narrativa de "mano dura", el Gobierno ha reportado más de 370 operativos militares y policiales, que han dejado un saldo de más de 32.000 muertos con corte al 12 de noviembre y la firma de más de 150 extradiciones. El presidente ha reforzado la estrategia de bombardeos, registrando siete en este periodo, y ha impulsado una ley de sometimiento diseñada para finalizar la "paz total" del gobierno anterior, cerrando la puerta a diálogos con estructuras armadas ilegales.
La estrategia de comunicación ha sido otro pilar fundamental, caracterizada por un control centralizado liderado por la secretaria de Comunicaciones, María Fernanda Sandoval, y el estratega Carlos Suárez. De la Espriella ha optado por hablar directamente a la ciudadanía a través de sus redes sociales y alocuciones quincenales, minimizando el protagonismo de sus ministros. Este enfoque ha generado tensiones internas, ya que jefes de cartera de Interior, Justicia y Hacienda han solicitado mayor espacio para responder por sus dependencias.
En el ámbito político, el mandatario busca consolidar su proyecto mediante la fusión de su partido, Defensores de la Patria, con Salvación Nacional, a la espera del aval del Consejo Nacional Electoral. De cara a las elecciones territoriales de 2027, el Gobierno ha implementado una estrategia de "descentralización", que incluye la instauración de una sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.
No obstante, la relación con el Congreso ha sido compleja. Un error de trámite en el presupuesto, que terminó siendo expedido por decreto, evidenció fallas en la coordinación legislativa. Actualmente, el Gobierno impulsa un proyecto de "rescate fiscal" para evitar una recesión y salvar 360.000 empleos, buscando un ajuste de 45 billones de pesos en un presupuesto de 634,9 billones. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha emergido como la pieza clave de mediación técnica ante el Capitolio, mientras que el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tiene la tarea de asegurar los votos necesarios frente a las exigencias de partidos como el Centro Democrático, que busca eliminar impuestos al patrimonio y a los movimientos financieros.
En los sectores sociales, los resultados son mixtos. El "plan de choque" en salud, que preveía una inversión de 10 billones de pesos, sufrió retrasos debido al sismo. Cifras del Ministerio de Salud indican que solo se ha entregado el 49,42 % de los medicamentos pendientes y se han realizado un millón de los tres millones y medio de procedimientos médicos en trámite.
La reconstrucción post-terremoto es el punto más crítico. El Fondo Milagro ha sido objeto de fuertes críticas por su baja ejecución; de un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes, solo se han contratado 7.440 millones. Alcaldes de zonas afectadas, como el de Pereira, han denunciado la incertidumbre y el incumplimiento en la entrega de viviendas. A esto se suma el escrutinio sobre la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, "Colombia Luz y Sonrisas", la cual administró 54.607 millones de pesos en donaciones, principalmente del Grupo Gilinski, sin que se hayan publicado reportes detallados de su ejecución actual.
En el plano internacional, el Gobierno ha girado hacia un alineamiento estrecho con Estados Unidos bajo la figura de Donald Trump y con el Israel de Benjamin Netanyahu, reconociendo la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y respaldando el embargo a Cuba. Esta postura ha generado roces con sectores demócratas en EE. UU., obligando al canciller Omar Bula a enviar cartas de disculpa.
Finalmente, el panorama político cierra con una oposición liderada por el Pacto Histórico que convoca a marchas para el 19 de noviembre. Mientras el expresidente Gustavo Petro enfrenta controversias personales, el Gobierno de De la Espriella apuesta a que sus resultados en seguridad y la gestión del Plan Nacional de Desarrollo permitan la continuidad de su proyecto político más allá de los cuatro años reglamentarios.
