La administración de justicia en Bolivia atraviesa una crisis profunda que ha dejado de ser percibida como una serie de eventos aislados para convertirse en un patrón de escándalos institucionales. La confianza pública se ha visto severamente afectada tras revelarse situaciones comprometedoras que involucran a las más altas esferas del sistema judicial y fiscal del país, poniendo en duda la integridad de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran las investigaciones contra el exfiscal general Róger Mariaca, quien enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y la necesidad de esclarecer el origen de su patrimonio. A este escenario se suma la salida del país de Rómer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien ha sido mencionado en las pesquisas relacionadas con el denominado caso "Maletas". La situación de estos dos exfuncionarios, que encabezaron instituciones fundamentales del Estado, ha generado un daño innegable a la credibilidad del sistema judicial boliviano.
Uno de los puntos más críticos y aún sin resolver es el misterio que rodea a las 31 maletas que ingresaron por el aeropuerto Viru Viru. La exdiputada Laura Rojas atribuyó la propiedad de dicho equipaje a Rómer Saucedo, mientras que han circulado diversas versiones que sugieren que el contenido consistía en droga y millonarias sumas de dinero. Si bien ninguna de estas versiones ha sido probada con evidencias concretas, la falta de claridad sobre qué transportaban, quién autorizó su ingreso y cuál fue el destino final de la carga ha alimentado la sospecha de que existen vacíos deliberados en la investigación.
Paralelamente, la captura de Sebastián Marset representó un golpe significativo contra el narcotráfico, pero el éxito del operativo se ha visto empañado por irregularidades posteriores. Imágenes difundidas tiempo después de la detención dieron lugar a denuncias sobre la desaparición de objetos retirados durante el operativo, los cuales no fueron entregados regularmente al Ministerio Público. Esta situación ha abierto un frente de investigación para determinar si faltan teléfonos, dinero, maletas u otras evidencias cruciales, resultando incluso en la detención preventiva de quienes debían custodiar lo incautado.
La gestión de los activos arrebatados a las organizaciones criminales es otro foco de preocupación. No se trata únicamente de dinero en efectivo, sino de un vasto inventario que incluye vehículos blindados, avionetas, inmuebles, maquinaria y joyas, incluyendo bienes decomisados en operativos contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) detenidos en territorio boliviano. Existen interrogantes urgentes sobre cuánto de este valor ha sido recibido por el Estado, qué bienes permanecen bajo custodia y cuáles se han deteriorado o desaparecido, advirtiendo que estos recursos no pueden ser administrados como propiedad privada de los funcionarios.
En este contexto, la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) aparece como la entidad responsable de evitar el desorden, aunque su historial es problemático. Desde 2013, auditorías han identificado deficiencias graves en el registro y custodia de bienes. Para el año 2016, se informó que solo 1.590 de un total de 23.254 bienes contaban con un inventario completo. A esto se suman intervenciones por corrupción en 2017 y el reconocimiento institucional en 2023 de que miles de vehículos terminaron convertidos en chatarra.
Aunque el pasado 7 de abril de este año DIRCABI instruyó mejorar la trazabilidad, digitalizar los registros y producir reportes auditables, estas medidas son consideradas insuficientes ante la magnitud del problema. La cuestión central no es la cantidad de inventarios ordenados, sino la determinación de quién debe responder por los bienes que nunca fueron registrados o que salieron de los depósitos sin el respaldo legal correspondiente, especialmente ante las denuncias de servidores públicos que utilizan vehículos de lujo incautados.
Se hace imperativo que el Gobierno ordene una auditoría independiente y publique inventarios verificables que permitan reconstruir el recorrido de los activos sin entorpecer las investigaciones en curso. Asimismo, recae sobre la Asamblea y los órganos de control la tarea de fiscalizar los resultados reales. Tras un año de gestión, Rodrigo Paz enfrenta la responsabilidad de transformar las promesas de transparencia en controles efectivos. De no existir una rendición de cuentas clara, cualquier operativo exitoso contra el crimen quedará empañado por la duda de si la riqueza del narcotráfico simplemente cambió de manos, terminando en poder de quienes juraron combatirlo.
