El municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, se encuentra sumido en el temor tras el secuestro de Nancy Gómez Sánchez, primera dama de la localidad. Este hecho ha puesto nuevamente el foco sobre la crítica situación de inseguridad que afecta a los habitantes de la Alta Guajira, una zona que desde hace varios años se ve maniatada por la convergencia del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción administrativa.
De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el rapto de la esposa del alcalde Jaime Buitrago ocurrió este miércoles a las 6:08 a.m. La víctima fue abordada por hombres armados en las inmediaciones de un gimnasio del pueblo, quienes la obligaron a subir a una camioneta para luego trasladarla con rumbo desconocido. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de sus redes sociales el despliegue total de la Fuerza Pública y la activación de un "plan candado" con el objetivo de evitar que los captores crucen la frontera hacia territorio venezolano. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el responsable del crimen.
La situación de orden público en la Alta Guajira refleja una disputa territorial intensa. El Frente de Guerra Norte del ELN ha estado copando zonas que anteriormente estaban bajo el dominio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como “los Pachenca”. Este desplazamiento de poder se ha intensificado tras operaciones policiales que resultaron en la muerte de dos comandantes de los Pachenca: José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, y Naín Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”. Aunque el Clan del Golfo también tiene presencia en la zona, su influencia es menor en este punto estratégico, utilizado para el despacho de cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
El flujo de narcotráfico transnacional no solo atrae al crimen organizado, sino que ha permeado las instituciones. Un informe reservado de la DEA, revelado por el Washington Post en julio, señaló que la intervención militar de Estados Unidos en el Caribe no ha logrado frenar el tráfico de alcaloides debido a la corrupción local. El reporte indica que narcotraficantes han sobornado a miembros de la Fuerza Pública colombiana en la península de La Guajira para obtener la ubicación de buques de guerra estadounidenses y así evadir sus controles.
Sobre los motivos del secuestro, el alcalde Jaime Buitrago reveló que Nancy Gómez Sánchez había denunciado amenazas meses atrás. La primera dama lideraba actos de rechazo contra la violencia y las extorsiones que golpean a Uribia, lo que generó reacciones hostiles. Según el mandatario, los criminales le exigían que no se involucrara en los problemas de la zona ni llamara la atención de las autoridades, llegando incluso a enviarle mensajes de texto advirtiendo que ella o sus hijos serían los próximos objetivos. Buitrago denunció que, a pesar de estas intimidaciones, ni la Policía ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzaron su anillo de seguridad.
Este hecho no es aislado en la región. El pasado 30 de julio, David Rodríguez Gómez, un contador público del ICBF, fue secuestrado en Uribia, siendo rescatado posteriormente por el Gaula Militar el 12 de octubre en Maicao. Asimismo, fuentes regionales sugieren que la inseguridad se ve agravada por disputas entre actores políticos y criminales por el control de redes de contratación ilegal. Uribia fue escenario de un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres durante el mandato de Gustavo Petro, donde contratos de agua potable fueron presuntamente utilizados como "cheques en blanco" para favorecer votos en el Congreso.
A nivel nacional, el ELN parece haber desplegado una estrategia de secuestros como respuesta a la ofensiva militar declarada por el presidente Abelardo de la Espriella. Entre los casos recientes destacan la retención de tres policías de la Dijín en Ocaña, Norte de Santander, el 17 de agosto, y el rapto de la subteniente María Pantoja Hernández en Saravena, Arauca, el 4 de noviembre. Este último suceso derivó en el llamado a calificar servicios de los generales Gerardo Ortiz Ramírez y Jorge Mario Aguirre Martínez.
La violencia se extendió este miércoles a otras regiones. En Hato Corozal, Casanare, el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años, fue asesinado durante un operativo de registro y control, mientras que su compañero quedó herido con pronóstico reservado. Simultáneamente, en Cali, se registró un ataque con granada contra la sede de RCN, y en el Cauca, el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc atacó con drones el peaje de Cachimbal y hostigó la subestación de Policía de El Crucero de Pandiguando.
El presidente de la República reiteró que cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado, ordenando el uso de todas las capacidades de inteligencia para capturar a los responsables.
