Este miércoles, los privados de libertad del centro penitenciario de Morros Blancos llevaron a cabo una jornada de manifestaciones para exigir la implementación de un nuevo jubileo. Esta demanda, que se ha replicado en diversos recintos penitenciarios a lo largo del país, surge como una medida desesperada para intentar mitigar una crisis carcelaria profunda, caracterizada principalmente por el hacinamiento crítico, la elevada cantidad de detenidos preventivos y las persistentes demoras en la resolución de los procesos judiciales.
Durante las movilizaciones, los internos utilizaron cánticos y carteles para visibilizar su pedido. El punto central de sus demandas es que se retome la iniciativa legislativa denominada “Ley de jubileo humanitario y de medidas extraordinarias de conmutación, revisión penal y justicia restaurativa”. Este proyecto de ley fue presentado en diciembre pasado por el diputado Daniel Elvis Alcalá Quispe, perteneciente a la organización política Libre.
Uno de los internos, quien solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, explicó que existen diversos penales brindando apoyo a este proyecto de ley que debía concretarse para el año 2025. Según el testimonio, la iniciativa no prosperó debido a que se optó por la aplicación de un indulto, medida que, a juicio de los manifestantes, no ha beneficiado a la mayoría de la población carcelaria, sino únicamente a unos pocos. Por esta razón, solicitan la aprobación del jubileo para que un número mayor de personas pueda acceder a los beneficios.
La situación en Morros Blancos es particularmente alarmante. De acuerdo con los datos proporcionados por los delegados de los internos, el recinto alberga actualmente a aproximadamente 1.350 personas, una cifra que duplica la capacidad real de la infraestructura. Este nivel de hacinamiento ha derivado en condiciones inhumanas, donde muchos internos se ven forzados a dormir en el suelo o incluso dentro de los baños debido a la falta de espacio.
Un factor agravante en esta crisis es la condición jurídica de los internos. Los delegados recalcaron que más de la mitad de la población penitenciaria en Morros Blancos se encuentra bajo detención preventiva. Lo más preocupante es que algunos de estos ciudadanos llevan más de tres años esperando una sentencia o resolución judicial, lo que evidencia la lentitud del sistema de justicia. A este panorama se suma la carencia crítica de personal de seguridad y la falta de atención médica adecuada para los internos.
Por su parte, las delegadas del pabellón de mujeres también hicieron oír su voz, señalando que el hacinamiento afecta severamente su calidad de vida. En consecuencia, demandaron la construcción de un recinto separado y especializado, donde puedan contar con mejores condiciones de habitabilidad y atención.
En cuanto al marco legal, la norma solicitada debe ser evaluada y procesada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es en este órgano donde se deben establecer los parámetros técnicos para su aplicación, definiendo específicamente los requisitos necesarios y, fundamentalmente, los tipos de delitos que quedarían excluidos de este beneficio humanitario. Cabe recordar que la última vez que se aplicó una medida de jubileo en el país fue en el año 2000, durante la gestión del presidente Hugo Bánzer Suárez.
A nivel nacional, la problemática es sistémica, ya que el nivel de hacinamiento supera el 100 por ciento de la capacidad de los recintos penitenciarios en todo el territorio. Para intentar enfrentar esta situación y facilitar la revisión de los procesos judiciales, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 5460 el 16 de octubre de 2025. No obstante, la implementación de este decreto ha enfrentado serias dificultades debido a la excesiva burocracia y los retrasos en la tramitación de los requisitos administrativos.
Finalmente, el problema carcelario presenta aristas estructurales que van más allá de la capacidad física. Existe una demanda urgente de mayor personal de seguridad para garantizar el control de los recintos. En este sentido, sectores de la Policía han reclamado la necesidad de aplicar una política de “mano dura”, especialmente en el caso de aquellos internos que presentan reincidencia delictiva.
