En una decisión judicial que marca un precedente para los compradores de vivienda en el Valle de Aburrá, la fiduciaria DaviBank ha sido condenada a restituir el capital invertido a una familia afectada por el proyecto inmobiliario San Juan de la Tasajera. Este complejo habitacional, ubicado en el municipio de Copacabana, se encuentra paralizado desde el año 2022, dejando en la incertidumbre a cientos de personas que esperaban recibir sus hogares.
La sentencia judicial permitirá que una pareja de esposos recupere la totalidad del dinero entregado para la adquisición de un apartamento que nunca llegó a construirse íntegramente. De acuerdo con la información suministrada por el abogado Jhon Jairo Morales, representante legal de la firma Dumed Abogados y encargado del proceso, la fiduciaria no solo deberá devolver el capital inicial, sino que también deberá abonar recursos adicionales correspondientes a las afectaciones financieras sufridas por la familia durante los últimos años.
En términos concretos, la pareja recibirá un monto total de 64.274.642 pesos. Esta cifra se desglosa en 40 millones de pesos, que corresponden al pago inicial realizado por la propiedad, y el excedente resultante de los intereses y otras proyecciones financieras calculadas hasta el año en curso. Esta resolución judicial es la primera sentencia que se emite en el marco del proyecto San Juan de la Tasajera, el cual ha sido objeto de múltiples reclamaciones legales.
El fallo judicial no solo señala la responsabilidad de la fiduciaria, sino que también alcanza a la constructora Covin. Esta última fue la entidad responsable de la ejecución de las obras y la encargada de cumplir con los plazos de entrega pactados. No obstante, la constructora incumplió sistemáticamente los cronogramas, dejando a medio terminar tan solo una de las cuatro torres prometidas, según se ha difundido a través de redes sociales.
El abogado Morales enfatizó que, durante el proceso legal, se identificaron graves irregularidades en el desempeño de la fiduciaria. Según el representante legal, DaviBank presentó deficiencias críticas en la verificación que debía realizar sobre la capacidad técnica, financiera, jurídica y operativa de las sociedades encargadas de promover y desarrollar el proyecto. Esta omisión en la debida diligencia permitió que el proyecto avanzara sin las garantías necesarias, lo que eventualmente llevó a la constructora a detener las obras a mediados de 2022.
El impacto de este cese de actividades es masivo, ya que afecta a un total de 630 compradores. Entre los afectados se encuentran personas que adquirieron viviendas de Interés Social (VIS) y otras de categoría No VIS, quienes vieron truncado su sueño de tener casa propia debido a las fallas en la gestión y supervisión del proyecto.
Este caso no es un hecho aislado en la región. El proyecto San Juan de la Tasajera es uno de los más de 130 proyectos siniestrados registrados en el Valle de Aburrá. Estas obras presentan diversas irregularidades vinculadas a las constructoras, situación que ha obligado a diversas fiduciarias a desembolsar sumas millonarias en devoluciones e indemnizaciones para resarcir a las víctimas.
En una línea similar, la Superintendencia Financiera ha emitido un sentido de fallo condenatorio contra Credicorp Capital Fiduciaria S.A. por su vinculación con el proyecto Casa Campo, localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. A pesar de que el proyecto Casa Campo presenta un avance del 89%, se encuentra paralizado desde 2023.
En este segundo caso, el abogado Morales señaló que Credicorp Capital Fiduciaria S.A. no realizó una verificación adecuada de la experiencia y capacidad de Promotora Casa Campo S.A.S., el fideicomitente del proyecto. Un dato revelador en este proceso es que la sociedad promotora tenía apenas dos meses de constituida al momento de suscribir el contrato de fiducia, lo que evidencia una falta de rigor en la evaluación de riesgos por parte de la entidad financiera.
Ante estas decisiones judiciales y administrativas, las familias afectadas por diversos proyectos fallidos cuentan ahora con una base legal para proceder penalmente. El objetivo es lograr que tanto las fiduciarias como las constructoras restituyan los recursos invertidos, incluyendo las rentabilidades correspondientes al tiempo de espera, buscando así una reparación económica justa para quienes fueron víctimas de la mala gestión inmobiliaria.
