Los votantes del estado de California han rechazado la Proposición 40, una medida legislativa que proponía la implementación de un impuesto único del 5% sobre la riqueza de aquellos residentes cuyo patrimonio neto superara los 1.000 millones de dólares. La decisión pone fin a una de las disputas electorales más visibles y costosas de este ciclo, marcada por una intensa confrontación entre sectores progresistas y los residentes más acaudalados del estado.
La medida, que habría afectado aproximadamente a 250 multimillonarios residentes en California, tenía como objetivo principal la recaudación de fondos para fortalecer el sistema de salud estatal. Según los defensores de la propuesta, los recursos obtenidos se habrían destinado prioritariamente a la atención médica, una necesidad urgente derivada de los recortes federales aplicados a Medicaid y otros programas asistenciales.
El trasfondo económico de la Proposición 40 se vinculaba directamente con la ley republicana denominada "One Big Beautiful Bill", cuyos recortes en el gasto sanitario federal habrían dejado a California con un déficit estimado de unos 20.000 millones de dólares anuales. Este agujero presupuestario ponía en riesgo crítico la operatividad de Medi-Cal, el programa encargado de brindar servicios de salud a los ciudadanos californianos de bajos ingresos. Los impulsores de la medida calculaban que el impuesto a la riqueza podría haber recaudado un total de 100.000 millones de dólares, cifra que habría sido suficiente para cubrir el déficit sanitario durante un periodo de cinco años.
Sin embargo, la propuesta enfrentó una oposición feroz y sumamente financiada. Grupos contrarios a la medida, respaldados por grandes capitales, invirtieron decenas de millones de dólares en campañas publicitarias para persuadir al electorado. Una de las figuras más prominentes en este esfuerzo fue Sergey Brin, cofundador de Google, quien aportó más de 100 millones de dólares a un grupo dedicado a frenar la aplicación del impuesto. Brin, en una declaración inusual concedida al diario The New York Times, comparó la medida con la sociedad de la que tuvo que huir durante su infancia en Moscú, manifestando su rechazo a que California adoptara el socialismo.
Además del despliegue financiero, líderes del sector empresarial y tecnológico utilizaron la amenaza de la deslocalización como herramienta de presión. Varios ejecutivos advirtieron que, de aprobarse el impuesto, trasladarían sus residencias personales y, potencialmente, sus empresas fuera de los límites de California. Esta posibilidad generó preocupación sobre la posible pérdida de empleos clave y una disminución en la actividad económica del estado.
El panorama político interno de los demócratas mostró una división notable. El gobernador de California, Gavin Newsom, se posicionó abiertamente en contra de la Proposición 40. Newsom argumentó que la medida no resolvería otras carencias presupuestarias fundamentales del estado, citando la crisis de vivienda, el cuidado infantil y la educación. Asimismo, el gobernador cuestionó que el código tributario del estado fuera redactado bajo los términos de "una sola organización de defensa de causas". En su lugar, Newsom propuso la creación de un impuesto nacional a los multimillonarios, una postura que coincide con su evaluación de una posible candidatura presidencial para el año 2028. En la misma línea, el gobernador electo, Xavier Becerra, también expresó su rechazo a la medida.
En el bando opuesto, la Proposición 40 contó con el apoyo de figuras demócratas de ala progresista, incluyendo al senador de Vermont, Bernie Sanders, y al representante de California, Ro Khanna, además del respaldo de diversos sindicatos.
Tras el resultado en las urnas, Suzanne Jimenez, representante del grupo "Yes on 40", calificó la campaña de los opositores como "profundamente engañosa y corrupta". En un comunicado, Jimenez sostuvo que los multimillonarios no ganaron el debate, sino que "compraron una victoria temporal" mediante la inversión masiva de dinero. Jiménez subrayó que este resultado no pone fin a la controversia, asegurando que la lucha por lograr que los multimillonarios paguen lo que les corresponde y por salvar la vida de los pacientes apenas comienza.
