El clima de malestar social en Paraguay ha alcanzado niveles críticos debido a una situación financiera que amenaza directamente el patrimonio de miles de ciudadanos. El centro de la controversia radica en el colapso y las graves irregularidades detectadas en el esquema de Ueno Bank, un escenario donde ahorristas y personas que realizaron sacrificios económicos ven hoy en riesgo sus fondos, mientras el entorno político y religioso intenta gestionar la crisis mediante el silencio y el llamado a la moderación.
En el núcleo de esta trama se encuentra la figura de Joshua Abreu, cuya trayectoria profesional y transiciones laborales han encendido las alarmas sobre la ética en la administración pública y la supervisión financiera del país. Abreu se desempeñó durante años como Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), posición que lo convertía en la máxima autoridad encargada de fiscalizar, controlar y garantizar la transparencia tanto del mercado financiero como de las emisiones de capitales en el territorio nacional.
Sin embargo, la polémica estalló cuando Abreu realizó un movimiento profesional que ha sido calificado como una "puerta giratoria". Tras dejar su cargo como regulador estatal, pasó a ocupar el puesto de Director de Ueno Casa de Bolsa, la entidad clave encargada de la intermediación y captación de recursos. Este tránsito directo del organismo fiscalizador a la entidad fiscalizada representa un conflicto de intereses flagrante, ya que el funcionario encargado de auditar el sector terminó integrando la cúpula de una de las empresas que debía supervisar.
La gravedad de la situación se manifestó plenamente cuando la Bolsa de Valores ordenó la suspensión preventiva de Ueno Casa de Bolsa. Esta medida fue tomada ante la incapacidad de la entidad para responder por los fondos de sus clientes, lo que dejó al descubierto la fragilidad del esquema y puso la gestión de Abreu bajo un intenso escrutinio público y penal. La incapacidad de devolver los recursos a los inversores ha transformado la indignación ciudadana en una demanda urgente de justicia.
Más allá de la gestión técnica, el caso revela una compleja red de influencias que vincula el poder económico con la alta política y estructuras religiosas. Joshua Abreu no actúa como un agente aislado; es yerno de José Alberto Alderete, reconocido como un histórico operador y hombre fuerte dentro del esquema político vigente. Esta conexión sugiere la existencia de una red de influencias cruzadas entre el Estado, los negocios financieros y las cúpulas del Centro Familiar de Adoración (CFA).
En el ámbito religioso, se ha observado que el CFA y el denominado clan Wiens han implementado una estrategia de resguardo. Ante el avance de las investigaciones, Abreu solicitó un permiso de sus funciones pastorales, mientras que la institución religiosa ha instado a sus miembros a mantener la prudencia. No obstante, existe una creciente crítica social que sostiene que la fe y el altar no pueden servir como escudos protectores ni como escondites frente a presuntos desfalcos financieros o responsabilidades legales.
El modelo operativo denunciado sugiere que ciertos sectores utilizan la religión y la política partidaria como herramientas de ascenso social y económico. Según se describe, la estrategia consiste en proclamarse defensores de los valores familiares y la fe durante el ascenso al poder, pero recurrir al victimismo y a la solidaridad de los fieles cuando la Fiscalía o la Contraloría solicitan rendiciones de cuentas sobre el origen de sus patrimonios o la desaparición de fondos de inversión.
Actualmente, la ciudadanía paraguaya manifiesta un hartazgo profundo ante lo que perciben como una justicia selectiva, que actúa con rigor contra el ciudadano común pero se muestra complaciente ante apellidos influyentes y figuras con salvoconductos políticos. En este contexto, se exige que la Fiscalía actúe con una inflexibilidad absoluta en las investigaciones del caso Ueno y los desfalcos al Estado, asegurando que ningún padrino político ni ninguna afiliación religiosa impida que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
