Mientras los bancos bolivianos registran utilidades récord, el ahorro previsional de los trabajadores sufrió un golpe severo. Tras la devaluación del 29 de junio, el fondo de pensiones perdió en un solo mes 8.298 millones de dólares de su valor.
¿Cómo es posible este contraste? La respuesta está en la arquitectura legal que el gobierno heredó y no reformó. Tres leyes fundamentales —la de Pensiones, la de Servicios Financieros y la del Mercado de Valores— permiten que un mismo grupo financiero preste dinero, administre fondos y gestione agencias de bolsa. Esta estructura facilita que los grupos se financien entre sí y manejen el ahorro de los trabajadores.
Los datos son contundentes: entre enero y septiembre, el BCP aumentó sus ganancias en un 166% respecto a todo el año anterior. En contraparte, el fondo de la Gestora cayó de 30.348 millones de dólares en mayo a 22.050 millones en junio. Aunque se sostiene que las pensiones se pagan en bolivianos, las estimaciones indican que habrá una pérdida real superior al 30% en los próximos cuatro años.
El riesgo no es solo la pérdida de valor. El caso de Frigorífico BFC, que ha incumplido compromisos financieros y ha visto caer su calificación, pone en alerta al sistema, ya que la Gestora posee bonos de esta empresa.
A pesar de la crisis, el gobierno no ha modificado las leyes financieras, limitándose a usar herramientas regulatorias para administrar la emergencia. Actualmente, es el Fondo Monetario Internacional quien marca la agenda, exigiendo pruebas de tensión y reglas sobre partes vinculadas para marzo de 2027.
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