Este 9 de noviembre se cumple exactamente un mes desde que un devastador terremoto sacudiera el territorio panameño el pasado 9 de octubre. El movimiento telúrico, que fue reportado con una magnitud de 7.5, generó un clima de pánico generalizado y dejó a su paso una estela de destrucción y cuantiosas pérdidas materiales, afectando principalmente a las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, además de otras regiones del país.
A treinta días del suceso, el panorama en las zonas afectadas sigue siendo crítico. La magnitud del desastre ha dejado a centenaas de familias en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales perdieron no solo sus viviendas, sino también la totalidad de sus pertenencias. La infraestructura pública y privada ha sufrido daños severos; el reporte detalla que iglesias, centros educativos, puentes y carreteras han sido impactados, complicando la movilidad y el acceso a servicios básicos en diversas comunidades.
En la provincia de Veraguas, la situación es particularmente neurálgica. De acuerdo con las estimaciones actuales, más than 1,900 viviendas requieren ser construidas nuevamente. Esta cifra, sin embargo, es considerada provisional, ya que podría aumentar a medida que continúen las evaluaciones técnicas en distintos sectores y se manifiesten los efectos de las constantes réplicas que han seguido al sismo principal. Aunque ya se han iniciado las labores de construcción de algunas casas, se ha advertido que el proceso debe avanzar con cautela y a pasos más ligeros para garantizar la seguridad de las nuevas estructuras.
Ante esta crisis, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, ha manifestado públicamente su compromiso real con la población afectada. El presidente aseguró que su objetivo es construir la totalidad de las viviendas que cayeron y trabajar arduamente para recuperar al país de esta desgracia.
La gobernadora de Veraguas, Ildemarta Riera, señaló que desde el primer día las labores de atención y recuperación han sido intensas. Según Riera, la emergencia representa un enorme desafío tanto para las instituciones gubernamentales como para las organizaciones particulares, empresas y ciudadanos solidarios. Esta red de apoyo se ha movilizado para entregar suministros críticos como alimentos, ropa, enseres domésticos, carpas y materiales de construcción para asistir a quienes lo perdieron todo.
Sin embargo, la ayuda inmediata no ha sido suficiente para resolver la crisis habitacional. En el distrito de Mariato, el impacto fue notable, afectando incluso el edificio del municipio. El alcalde de dicha localidad, Ángel Batista, expresó su preocupación al señalar que, a pesar de haber transcurrido un mes desde aquel mediodía de angustia, la tragedia continúa siendo una realidad diaria para muchas familias. Actualmente, numerosos damnificados viven hacinados en albergues temporales o en carpas, esperando la ayuda necesaria para reconstruir sus hogares, algunos de los cuales quedaron reducidos a escombros y han sido demolidos tras determinarse que no son habitables.
El impacto no ha sido únicamente material, sino también emocional y educativo. Rubén Ortiz, residente de Mariato, destacó la persistente preocupación de padres de familia, docentes y estudiantes. Más de 80 centros educativos presentan daños que requieren reparaciones urgentes, lo que ha dejado a niños y adolescentes enfrentando la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus aulas en condiciones seguras.
A este escenario se suma el daño en la infraestructura vial, con seis puentes afectados y varios kilómetros de carreteras que deben ser reconstruidos para restablecer la comunicación y el tránsito vehicular en las regiones golpeadas.
Mientras las autoridades nacionales solicitan paciencia a la ciudadanía mientras avanzan los procesos de evaluación y reconstrucción, quienes perdieron sus hogares viven el día a día entre la incertidumbre y la esperanza. A un mes del sismo, Panamá recuerda uno de los episodios más difíciles vividos recientemente en estas provincias. Si bien la solidaridad inicial fue fundamental, el gran desafío actual consiste en transitar de la asistencia de emergencia hacia una reconstrucción efectiva que permita recuperar la tranquilidad y la estabilidad de las comunidades afectadas.
