Han transcurrido casi tres meses desde que la tierra temblara con violencia en el oeste de Colombia, y la situación para miles de personas sigue siendo crítica. El pasado 10 de agosto de 2026, la región fue azotada por un fuerte terremoto de 7,4 grados, un evento sísmico que dejó una huella de devastación profunda y un saldo trágico de 330 personas fallecidas. A pesar del tiempo transcurrido, la sensación de desamparo predomina entre quienes sobrevivieron al desastre, ya que la ayuda prometida en los días posteriores a la tragedia no ha llegado a gran parte de la población afectada.
La magnitud del desastre se refleja no solo en la pérdida de vidas humanas, sino también en el colapso de la infraestructura habitacional. Según los datos disponibles, el sismo destruyó más de 30.000 viviendas, dejando a miles de familias sin un techo seguro donde refugiarse. Esta pérdida masiva de hogares ha forzado a una parte considerable de los damnificados a buscar alternativas precarias de alojamiento. Actualmente, cientos de personas continúan durmiendo en carpas, enfrentando las inclemencias del tiempo y la falta de condiciones básicas de salubridad y seguridad.
Para aquellos que aún conservan sus viviendas, la situación no es más alentadora. El trauma del 10 de agosto persiste en forma de miedo constante. Muchos residentes viven con el temor permanente de que sus estructuras, debilitadas por el movimiento telúrico de 7,4 grados, terminen por colapsar sobre ellos. Esta inestabilidad habitacional genera un estado de ansiedad colectiva, donde el hogar, que debería ser el lugar más seguro, se ha convertido en una fuente de riesgo latente.
En este contexto de precariedad y desesperación, han surgido denuncias graves sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción y el auxilio de las víctimas. Ricardo Peñuela, quien se desempeña como secretario de Gestión del Riesgo de la ciudad de Cali, ha alzado la voz para exponer las irregularidades que rodean la gestión de la ayuda. Cali es señalada como una de las ciudades más afectadas por el sismo, y desde su cargo, Peñuela ha manifestado la gravedad de la situación financiera respecto a las donaciones.
En declaraciones brindadas a RFI, el secretario de Gestión del Riesgo denunció la desaparición de fondos significativos. Peñuela señaló específicamente que existen decenas de millones de euros provenientes de donaciones que no han sido localizados ni aplicados en las labores de asistencia. Esta revelación pone de manifiesto una contradicción alarmante: mientras miles de damnificados siguen esperando la ayuda prometida y sobreviven en campamentos provisionales, existen sumas millonarias de dinero internacional que, según el funcionario, no aparecen por ningún lado.
La denuncia de Ricardo Peñuela subraya una falla crítica en la cadena de distribución de los recursos. La ausencia de estos fondos impacta directamente en la capacidad de respuesta para restablecer las 30.000 viviendas destruidas y para brindar un soporte digno a los supervivientes. El contraste es evidente entre el volumen de donaciones reportadas y la realidad tangible en el terreno, donde las carpas siguen siendo la única opción de refugio para cientos de ciudadanos.
A tres meses de la tragedia, el balance es desolador. El oeste de Colombia no solo lucha contra las secuelas físicas de un terremoto de gran intensidad, sino también contra una gestión de crisis que, según las denuncias, ha fallado en hacer llegar los recursos a quienes más los necesitan. La urgencia de encontrar el destino de esos millones de euros es ahora tan prioritaria como la reconstrucción de las viviendas, ya que la supervivencia de los damnificados depende de que la ayuda deje de ser una promesa y se convierta en una realidad material.
