La revista SEMANA ha revelado detalles sobre una serie de presiones internas dentro de la Fiscalía General de la Nación, donde se habrían exigido beneficios judiciales para once integrantes de la denominada "primera línea" capturados en Bogotá. Los procesados, quienes enfrentaban cargos por el delito de terrorismo, habrían sido objeto de una instrucción directa para modificar su situación jurídica y reducir la gravedad de las imputaciones.
De acuerdo con la información obtenida, el origen de estas maniobras se remonta a una reunión celebrada en junio de este año. En dicho encuentro, se habría transmitido una orden perentoria de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, consistente en cambiar el delito de terrorismo por el de asonada para los once implicados. En la reunión participaron figuras clave del ente acusador, entre ellas la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; la coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Zenaida de Jesús López; el jefe de la Unidad de Justicia Transicional, Juan Andrés Cano, y dos fiscales de la Seccional de Bogotá.
El objetivo de esta instrucción era, presuntamente, convertir actos de destrucción y terror, que afectaron a ciudadanos y bienes públicos en la capital, en un hecho calificado simplemente como rebeldía de jóvenes inconformes. Según los testimonios de quienes asistieron a la reunión, la orden buscaba beneficiar a personas que habían sido investigadas durante más de dos años y contra quienes existían pruebas contundentes, incluyendo videos e interceptaciones, que demostraban la planeación y ejecución de ataques contra estaciones de TransMilenio, edificios públicos y la ciudadanía en general.
Ante la negativa de las fiscales a cargo de la investigación, quienes consideraron que la instrucción atentaba contra la autonomía e independencia judicial, el director de la Unidad de Justicia Transicional propuso una alternativa igualmente polémica: la aplicación de un principio de oportunidad. Sin embargo, esta propuesta tampoco contó con la mayoría necesaria en la reunión, lo que inicialmente frenó la concesión de los beneficios solicitados para los capturados.
La respuesta a esta resistencia llegó posteriormente a través de un acto administrativo. La fiscal general Luz Adriana Camargo firmó la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, mediante la cual se creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa. A través de este mecanismo, se solicitó la variación de la asignación del expediente, trasladando el caso de los once capturados bajo el argumento de que el asunto formaba parte de la competencia de dicha unidad.
Este movimiento permitió desplazar el proceso de los investigadores originales en una etapa procesal crítica: la acusación. Poco tiempo después, la fiscal que ya tenía lista la acusación por terrorismo fue retirada de la Fiscalía, al igual que el director seccional, presuntamente por negarse a ofrecer los beneficios a los miembros de la primera línea. La resolución justificaba estas acciones alegando la necesidad de armonizar el ejercicio de la acción penal con la protección del derecho a la manifestación pública y pacífica.
Tras el traslado del caso, TransMilenio y la Universidad Nacional se constituyeron como víctimas en el proceso. No obstante, fueron sorprendidas por una nueva decisión de la Fiscalía: el ofrecimiento de acuerdos judiciales a los once procesados, a pesar de que estos habían sido señalados de incendiar buses, destruir infraestructura y amenazar a personas con machetes.
Los acuerdos propuestos contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión, incluso para los casos más graves. En algunos expedientes, el delito de terrorismo fue retirado completamente, mientras que en otros se redujo la responsabilidad de los implicados de autores a cómplices. La Fiscalía incluyó en estos documentos una reflexión jurídica donde insiste en que la acusación no pretende criminalizar la protesta social ni las libertades públicas.
A pesar de reconocer la gravedad de los hechos en el texto del acuerdo —describiendo situaciones donde se utilizaron papas bomba y machetes para intimidar a conductores y pasajeros de buses—, la Fiscalía sostuvo simultáneamente que tales acciones no alcanzaban el estándar exigido para el delito de terrorismo.
Finalmente, la Fiscalía formalizó estos acuerdos ante una jueza hace una semana, aunque solo siete de los procesados aceptaron los cargos. Las víctimas han denunciado que fueron notificadas con solo 12 horas de antelación y que la audiencia fue reservada por solicitud de la defensa. Debido a esto, han interpuesto una tutela para exigir que el contenido de estos acuerdos sea público, cuestionando que actos violentos sean catalogados como expresiones de protesta social, especialmente al compararlo con otras condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia por delitos similares con menor impacto material.
