El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido en su domicilio la noche de este viernes, pocas horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político. La medida fue dispuesta por la Fiscalía en el marco de una investigación sobre el vaciamiento de la entidad financiera Ueno Bank, crisis que ha generado un fuerte impacto en el sistema financiero y social del país.
El operativo de detención se llevó a cabo de manera simultánea a la asunción de Pedro Alliana como nuevo presidente en el Congreso Nacional. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en la residencia del exmandatario para notificarle formalmente la orden de captura. El fiscal Christian Benítez, quien lideró la comitiva, señaló que el procedimiento tuvo como fin verificar la presencia física de Peña y dar curso al mandato judicial. Según el fiscal, el exmandatario colaboró con las autoridades y permitió el ingreso voluntario de los agentes a su hogar.
Al momento de ser informada de su detención por la fiscala Elena Fiore, Santiago Peña manifestó: “Me voy a someter al proceso”. De acuerdo con el auto de arresto, el exmandatario permanecerá bajo detención domiciliaria hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. Esta orden judicial también alcanza a Carlos Carvallo Spalding, quien renunció el pasado martes a la presidencia del Banco Central de Paraguay (BCP) tras el estallido del escándalo, aunque no se ha confirmado inmediatamente su detención.
Mientras el operativo se desarrollaba, imágenes de la televisión local mostraron la presencia de unos veinte agentes resguardando la vivienda. En las inmediaciones, un grupo de manifestantes exigía la reclusión inmediata de Peña. Entre ellos, Andrea Salazar expresó que el pueblo demanda que el exmandatario sea trasladado a una cárcel y que permanecerán en vigilia para evitar que permanezca en su casa.
La caída de Peña se concretó tras una votación unánime de los 44 senadores presentes, quienes lo responsabilizaron por un mal manejo en el ejercicio de su cargo. El veredicto ocurrió tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank, una acción que dejó a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros y tarjetas. Los legisladores acusaron a Peña de utilizar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia la entidad, mientras los reguladores ignoraban la existencia de préstamos riesgosos entre empresas vinculadas.
Previamente, el jueves, Peña había intentado presentar su renuncia, pero el Congreso decidió no aceptarla para proseguir con el juicio político. Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, sostuvieron que los legisladores deberían haber aprobado la salida del mandatario en lugar de continuar con el proceso de destitución. En un mensaje de despedida, el exmandatario afirmó que no quería que su presencia fuera causa de mayor división o inestabilidad, despidiéndose con gratitud y reconociendo la angustia de quienes esperan respuestas.
La destitución conlleva una consecuencia legal significativa: Peña pierde el derecho a la banca vitalicia en el Senado, un beneficio otorgado por la Constitución paraguaya a los expresidentes electos, lo que implica la pérdida de la inmunidad parlamentaria.
En cuanto a las calificaciones penales, el fiscal Benítez precisó que, en esta etapa preliminar, se investigan delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña ha sido convocado para prestar declaración indagatoria este sábado a las 11:00 en el Ministerio Público. Tras esta declaración, el caso pasará al Juzgado Penal de Garantías de turno, donde se definirán las medidas cautelares y el lugar definitivo de su reclusión.
La investigación, coordinada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández y la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón, junto a un equipo de fiscales, ha revelado vínculos financieros directos. En 2023, Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por un valor de 6.144 millones de guaraníes, acciones que vendió en abril de 2025. También registró un certificado de depósito de 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de Itti. Asimismo, se ha señalado que su hermano figura como socio de U Holding SARL, la sociedad que controlaría el banco.
Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, incluyendo al accionista controlante de Ueno, Miguel Vázquez, por tentativa de estafa y lesión de confianza. Seis directores del banco se encuentran en prisión preventiva y las autoridades han incautado avionetas, un yate y nueve vehículos de lujo del domicilio de Vázquez.
El colapso de Ueno Bank ha afectado a 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. La entidad había crecido aceleradamente hasta convertirse en el quinto banco más grande de Paraguay, impulsada por más de 800 millones de dólares en fondos públicos. Entre los damnificados se encuentran 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo fondo de pensiones había depositado 355 millones de dólares en la entidad, superando los límites legales.
Aunque el Banco Central ha asegurado que los depósitos están asegurados hasta los 37.000 dólares y que se trata de un caso aislado, la indignación social es alta. Manifestantes en Asunción corearon “Santi Peña a Tacumbú”, haciendo referencia a la principal cárcel de la capital. Yinal López, empleado de la empresa estatal de electricidad, calificó los hechos como una traición de confianza, asegurando que el presidente utilizó el dinero del pueblo para sus propios fines.
Finalmente, el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes para completar el mandato hasta agosto de 2028, también se encuentra bajo investigación de la Fiscalía, aunque el Congreso rechazó el intento de someterlo a un juicio político el pasado jueves.
