El Gobierno de Chile ha confirmado oficialmente que para el año 2027 se llevará a cabo un proceso de consulta indígena. El objetivo central de esta instancia es avanzar en la modificación de la actual Ley Indígena, poniendo especial énfasis en los aspectos relacionados con el uso de la propiedad y los mecanismos de compra de tierras, temas que resultan críticos para la administración y el desarrollo de los territorios originarios.
Para sentar las bases de este proceso y comenzar la socialización de la iniciativa, el subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Fernández, ha desarrollado una agenda de trabajo en terreno. Este despliegue incluyó reuniones estratégicas en cuatro regiones del sur del país: Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y el Bío Bío. El propósito de estos encuentros fue presentar la hoja de ruta del Ejecutivo y buscar que el proceso de modificación legislativa cuente con un respaldo amplio y transversal.
En el marco de estas gestiones, el delegado presidencial de la Región de la Araucanía, Francisco Ljubetic, ratificó que la consulta al pueblo mapuche se concretará el próximo año, con el fin último de reformar la Ley Indígena. Ljubetic destacó que este proceso había permanecido suspendido durante un periodo prolongado, subrayando el interés del Ejecutivo en que la iniciativa no solo se reanude, sino que persevere en los objetivos que se ha propuesto alcanzar.
El delegado presidencial enfatizó la apertura del Gobierno para recoger diversas perspectivas, señalando que se encuentran escuchando a todos los actores interesados e intervinientes, así como a cualquier persona o entidad que pueda aportar una opinión relevante sobre el tema, independientemente de si poseen un interés directo en la materia o no.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Fernández detalló que la propuesta impulsada por el Gobierno busca introducir cambios normativos que generen beneficios tangibles tanto para las personas individuales como para las comunidades indígenas. Fernández subrayó la importancia de que el proceso sea altamente convocante, asegurando que se ha trabajado coordinadamente con diversas instancias locales y regionales.
En el detalle de sus gestiones, el subsecretario mencionó haber dialogado con el delegado presidencial y su equipo de seremis, además de mantener encuentros con alcaldes, quienes fueron catalogados como piezas fundamentales en los gobiernos locales para garantizar el éxito de este proceso. Asimismo, la estrategia de socialización incluyó reuniones con la multigremial, representantes de la sociedad civil, diversas fundaciones y rectores de universidades, buscando así que la consulta tenga un carácter transversal y multidisciplinario.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por proyectar un proceso inclusivo, las actividades en terreno del subsecretario Fernández han sido recibidas con fuertes críticas en la Región de la Araucanía. La principal controversia radica en la supuesta exclusión de los actores protagonistas del proceso: los propios dirigentes mapuches.
Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches (Enama), manifestó su disconformidad y exigió que el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social transparenten la información respecto a las organizaciones o dirigentes de los pueblos originarios con quienes se han reunido efectivamente durante este proceso de socialización.
Alcamán fue tajante al señalar que no existe claridad sobre la realización de reuniones con líderes de organizaciones y comunidades mapuches. En este sentido, el dirigente insistió en la necesidad imperativa de que la autoridad informe con qué líderes mapuches se está coordinando el Gobierno para planificar la consulta indígena que se pretende ejecutar.
Esta situación evidencia una tensión significativa en la zona, ya que, mientras el Gobierno destaca la transversalidad de sus reuniones con alcaldes, universidades y gremios, se ha constatado que en la Región de la Araucanía los dirigentes mapuches no fueron convocados a ninguna de las reuniones sostenidas por el subsecretario Fernández. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la representatividad de las etapas preliminares al proceso de consulta programado para 2027.
