El Ministerio Público de Paraguay ha emitido una resolución formal mediante la cual se determina la apertura de diversas causas penales y la conformación de un equipo de trabajo especializado, compuesto por agentes fiscales, con el objetivo de iniciar investigaciones exhaustivas sobre una serie de denuncias. Estas acciones legales se centran principalmente en el manejo de fondos públicos, las operaciones financieras realizadas por la entidad bancaria Ueno Bank y el desempeño de diversas autoridades del Estado paraguayo.
De acuerdo con la información proporcionada por la versión digital del periódico Última Hora, el documento emitido por el Ministerio Público recoge antecedentes que ya habían sido remitidos a la Fiscalía. Entre estos elementos destaca una denuncia presentada en octubre de 2025 por un grupo de senadores y diputados contra Peña. Asimismo, la resolución incorpora elementos críticos relativos a los procesos de supervisión y a la resolución de Ueno Bank, poniendo el foco en la transparencia de dichas operaciones.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la colocación de recursos públicos en la citada entidad bancaria. Al respecto, el Ministerio Público cuestiona formalmente el rol desempeñado por las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), así como la actuación de las diversas instituciones que actuaron como depositantes de dichos fondos públicos.
La resolución judicial no se limita a una sola línea de denuncia, sino que integra múltiples presentaciones. Entre ellas, se encuentran las denuncias formuladas por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y diversas denuncias presentadas por senadores. Estas acusaciones señalan directamente a figuras de alto perfil, incluyendo a Peña, Alliana y al exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández. De igual manera, la investigación se extiende hacia autoridades y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Ante la complejidad y la magnitud de los hechos reportados, la Fiscalía General de la República ha tomado la decisión estratégica de abrir una causa penal independiente por cada una de las denuncias presentadas. Para garantizar el rigor técnico de estas indagaciones, se ha determinado la creación de un equipo especializado perteneciente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual tendrá su sede operativa en la ciudad de Asunción.
Paralelamente, el escándalo bancario ha tenido repercusiones inmediatas en el ámbito judicial, impactando profundamente a la sociedad paraguaya. En este contexto, un juez de delitos económicos ha dictado la medida de prisión preventiva para seis directivos de la entidad bancaria. Entre los detenidos se encuentra el titular del Grupo Vázquez. Por otro lado, dos mujeres imputadas en el mismo proceso han recibido la medida de arresto domiciliario, complementada con el uso de tobilleras electrónicas para asegurar su permanencia en el país y su comparecencia ante la justicia.
El magistrado Rodrigo Estigarribia, responsable de estas medidas cautelares, fundamentó la decisión de ordenar la prisión preventiva argumentando que se trata de hechos graves que han tenido un impacto directo en miles de víctimas. Según el juez, la gravedad de los cargos justifica la medida para mitigar el peligro de fuga de los imputados y evitar cualquier posible obstrucción de las investigaciones en curso.
En cuanto a los cargos legales, los implicados enfrentan imputaciones por diversos delitos. Entre los delitos tipificados en el proceso se encuentran la tentativa de estafa, la lesión de confianza, la violación de la obligación de llevar libros de comercio y la conducta indebida en situación de crisis, según los reportes de la prensa local.
El alcance de esta investigación es amplio, sumando un total de 39 personas contra quienes se ha iniciado la investigación fiscal. Este grupo incluye no solo a directivos bancarios, sino también a exautoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Banco Central del Paraguay (BCP), además de directivos de entidades estratégicas como Itaipú Binacional y la Binacional Yacyretá.
