Francia se prepara para una jornada de alta tensión social con la convocatoria del denominado 'Acto IV' del movimiento de protesta. Esta movilización, que sigue a tres jornadas previas celebradas los sábados 17, 24 y 31 de octubre, busca congregar a una multitud considerable en diversas ciudades del territorio nacional. Las autoridades estiman que la participación podría alcanzar cifras similares a las registradas el pasado 28 de marzo de 2023, fecha en la que aproximadamente 740.000 personas salieron a las calles para manifestarse contra la reforma de las pensiones, según los datos proporcionados por la policía.
El clima de seguridad es crítico. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió en la víspera sobre la existencia de "riesgos" reales de altercados. Esta alerta se fundamenta en informes de los servicios de inteligencia, que han detectado movimientos de grupos de ultraizquierda. Según el ministro, estos colectivos buscan infiltrarse en las manifestaciones sindicales, donde también se espera la presencia de estudiantes y diversos grupos ciudadanos, con el objetivo deliberado de hacer degenerar las concentraciones. La preocupación central de las autoridades es que estos grupos violentos aprovechen el contexto para atacar comercios, agredir a las fuerzas del orden y causar daños materiales en edificios públicos.
Ante este escenario, el Gobierno prevé la realización de unas 220 manifestaciones en todo el territorio francés. El Ministerio del Interior ha intensificado sus preparativos operativos para evitar que se repitan los disturbios acontecidos el 17 de octubre, una jornada que resultó especialmente conflictiva y que dejó un saldo de más de mil policías y gendarmes heridos, además de cuantiosos daños en comercios y dependencias públicas.
Para mitigar estos riesgos, Laurent Nuñez ha instruido a los prefectos para que implementen dispositivos policiales que sean robustos, potentes, eficaces y ágiles. El despliegue táctico será exhaustivo e incluirá el uso de unidades antidisturbios, vehículos blindados de la Gendarmería, cañones de agua, helicópteros, drones, así como unidades caninas y montadas. Asimismo, se ha ordenado que permanezcan en estado de alerta las unidades de élite especializadas en operaciones de intervención de alto riesgo, concretamente la Brigada de Investigación e Intervención (BRI), el RAID policial y el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN).
Complementando la fuerza operativa, las autoridades han solicitado a los prefectos la aplicación de restricciones administrativas preventivas. Estas medidas contemplan la prohibición de portar ciertos objetos que puedan ser utilizados como armas, el cierre estratégico de estaciones de transporte público y la implementación de controles para limitar los desplazamientos de personas consideradas de riesgo. De forma paralela, la policía mantiene una vigilancia activa sobre las redes sociales para detectar cualquier llamamiento a la insurrección o la organización de saqueos.
En cuanto a la organización de las protestas, los sindicatos han convocado movilizaciones en todo el país, con concentraciones programadas a partir de las 10:00 horas locales. El sector estudiantil también juega un papel relevante, ya que se prevén bloqueos en numerosos institutos y universidades desde primera hora de la mañana, mientras los líderes estudiantiles instan a sus bases a sumarse a las marchas.
A estas movilizaciones se unirán los 'chalecos amarillos', quienes pretenden converger con las protestas sindicales para extender la movilización a lo largo del fin de semana. Esta organización ha registrado un total de 354 acciones previstas en el país, que incluyen no solo manifestaciones, sino también bloqueos estratégicos en refinerías, depósitos de combustible, estaciones de tren y peajes.
Las reivindicaciones de los manifestantes recuperan demandas históricas de los 'chalecos amarillos', como la congelación de los precios y la convocatoria de referendos de iniciativa ciudadana. A estas exigencias se suman ahora demandas relacionadas con la mejora de la educación, la protección del medioambiente y la lucha contra la discriminación. Algunos coordinadores de la nueva estructura organizativa han expresado su intención de mantener la presión en las calles durante las próximas semanas, centrando sus esfuerzos en las manifestaciones de los sábados.
Finalmente, esta jornada de protesta tiene una dimensión europea. Los días 20, 21 y 22 de noviembre han sido seleccionados por diversas organizaciones europeas, reunidas recientemente en París —entre ellas el Sindicato de Inquilinas—, para convocar movilizaciones simultáneas en varios países del continente en protesta contra el encarecimiento del coste de la vida.
