El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha generado una fuerte tensión institucional este miércoles al reclamar formalmente al jefe del Shin Bet la detención de todos los líderes de los partidos árabes. Esta exigencia se produce en el marco de un supuesto caso de financiación extranjera durante los comicios legislativos, una situación que el ministro considera lo suficientemente grave como para alterar el proceso de formación del nuevo Gobierno.
La solicitud de Ben Gvir surge a pesar de que el Comité Electoral Central (CEC) ya ha descartado la existencia de irregularidades. Tras concluir un análisis exhaustivo de las demandas presentadas sobre el proceso electoral, el organismo encargado de supervisar los comicios determinó que no hubo anomalías que comprometieran la integridad de la votación. No obstante, el ministro, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, ha ignorado esta conclusión, insistiendo en que la verdad debe salir a la luz mediante interrogatorios coercitivos.
El conflicto se intensifica debido a una comunicación emitida el mismo miércoles por el Shin Bet hacia el CEC. Los servicios de seguridad interna informaron que sus investigaciones preliminares apuntan a la existencia de un posible caso de financiación extranjera e interferencia que podría involucrar a miles de personas. Aunque el Shin Bet ha subrayado la necesidad de continuar con las pesquisas para esclarecer los hechos, Ben Gvir ha utilizado este informe como base para exigir una acción inmediata y drástica.
En concreto, el titular de Seguridad Nacional ha instado al jefe del Shin Bet, David Zini, a actuar sin demora, llegando a sugerir que las detenciones se lleven a cabo incluso sin contar con la autorización previa de la Fiscalía General. Según Ben Gvir, los líderes de los partidos árabes deben ser interrogados en las celdas del Shin Bet hasta que todas las sospechas sobre la procedencia de los fondos sean totalmente aclaradas.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el ministro ha sido tajante al afirmar que "las elecciones han sido robadas en Israel", añadiendo que no se debe permanecer en silencio y que no debe quedar ningún detalle sin analizar. Como consecuencia de estas acusaciones, Ben Gvir ha recalcado que tanto la certificación de los resultados electorales como la formación del Gobierno deben ser congeladas de manera inmediata.
La controversia se ve alimentada por versiones contradictorias sobre la magnitud del caso. Por un lado, el diario 'The Times of Israel' ha recogido que el Shin Bet trasladó al CEC indicios sobre el envío de dinero desde países extranjeros y la implicación de actores con "intereses ocultos e incluso hostiles". Por otro lado, fuentes de seguridad citadas por el diario 'Haaretz' aseguran que no tienen constancia de tales afirmaciones sobre la existencia de "grandes cantidades" de dinero ni de la implicación de "miles de personas".
A pesar de estas presiones, el Comité Electoral Central mantuvo su postura a primera hora del día, reafirmando que no ha hallado nada que apunte a irregularidades que pongan en duda la integridad de los comicios celebrados el pasado 27 de octubre. Tras esta confirmación, el presidium del organismo procedió a aprobar los resultados oficiales. Estos datos serán ahora remitidos al presidente Isaac Herzog, quien tiene la responsabilidad de iniciar las consultas pertinentes para determinar a quién entregar el mandato para formar Gobierno.
El escenario político actual refleja una lucha de fuerzas. El Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus socios de coalición, incluido el Otzma Yehudit de Ben Gvir, han intentado aplazar la aprobación de los resultados basándose en sus denuncias de fraude y supuestas irregularidades.
En cuanto a los datos electorales, el Likud se alzó con la victoria obteniendo 27 escaños, superando los 21 asientos conseguidos por Yashar, el partido del opositor Gadi Eisenkot. Sin embargo, la fragmentación del parlamento impide que cualquiera de los bloques alcance la mayoría necesaria, fijada en 61 asientos. En este contexto, los partidos árabes, que suman 19 representantes, se convierten en una pieza clave. Las opciones para formar un Gobierno pasan ahora por alcanzar un acuerdo con dichos partidos o, alternativamente, mediante la creación de una alianza derechista que excluya a los sectores ultraortodoxos.
