En una jornada marcada por la alta tensión política y la presión social, el Congreso de los Diputados en Madrid rechazó este viernes los dos decretos sobre vivienda impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez. El resultado representa un duro golpe para el ejecutivo, mientras que en el exterior del recinto parlamentario, miles de manifestantes han respondido con indignación, llamando a intensificar la ola de protestas y solicitando una huelga general.
La votación del primer decreto, aprobado previamente el pasado martes por el gobierno de izquierdas para combatir la crisis habitacional que atraviesa el país, fue tumbada por 178 votos contrarios frente a 172 a favor. Minutos después, el segundo decreto, que presentaba perspectivas de aprobación aún más bajas, fue igualmente rechazado con un resultado de 184 votos en contra y 166 a favor.
El escenario legislativo actual, caracterizado por una cámara muy fragmentada donde el gobierno de izquierdas no cuenta con una mayoría propia, dificultó cualquier intento de consenso. A pesar de la situación, el presidente Pedro Sánchez solicitó la palabra minutos antes de la votación en un último intento por persuadir a los legisladores. Durante su intervención, Sánchez apeló a la valentía de los diputados, instándoles a "estar a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo".
Mientras se desarrollaba la sesión en el interior, una multitud de personas se agolpaba alrededor del Congreso. Muchos de los manifestantes habían llegado desde la céntrica Puerta del Sol, lugar donde hace más de una semana se estableció una acampada para exigir soluciones concretas ante la crisis de la vivienda. Al conocerse los resultados de la votación, los gritos de "¡Vergüenza, vergüenza!" resonaron en los alrededores del edificio.
Entre los asistentes se encontraba Miél Díaz, un docente de 23 años, quien manifestó a la agencia AFP que la situación actual es insostenible. Díaz señaló que la mayoría de la población española padece problemas de vivienda o conoce a alguien que los tiene, subrayando que él mismo no ha podido independizarse debido a los elevados precios de los alquileres. Por su parte, Teresa Morollón, de 46 años, expresó sentirse defraudada por el fracaso de la votación, admitiendo que, aunque la aritmética parlamentaria es complicada, es imperativo implementar políticas valientes e inclusivas.
La urgencia de estos decretos había surgido en el contexto de una ola de protestas detonada la semana pasada por el desahucio de Maricarmen Abascal. La mujer, una madrileña de 87 años, fue obligada a abandonar la vivienda donde había residido durante siete décadas después de que el inmueble fuera adquirido por una empresa de inversión que pretendía incrementar el alquiler en un 275%. Este caso convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional en España.
Las medidas propuestas en los textos rechazados incluían la renovación automática de los contratos de alquiler al vencimiento y la implementación de restricciones para evitar el desalojo de inquilinos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los decretos buscaban limitar la actuación de los denominados "fondos buitre", entidades financieras que adquieren propiedades a precios bajos para maximizar su rentabilidad económica.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había advertido al inicio del pleno que esta sesión no era una jornada ordinaria, resaltando que miles de ciudadanos estaban pendientes del resultado de la votación. No obstante, las probabilidades de éxito se habían desplomado el jueves por la noche, cuando los independentistas catalanes de Junts anunciaron que votarían en contra, sumándose así a la posición de la derecha y la extrema derecha.
Tras la caída de los decretos, la oposición ha intensificado sus demandas para que el presidente Sánchez adelante la convocatoria de elecciones legislativas, que originalmente están previstas para el año 2027. Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, afirmó en los pasillos del Congreso que cuanto antes se celebren las elecciones, mejor, siempre que estas sean libres, transparentes y sin trampas.
Desde el entorno del ejecutivo no se han proporcionado pistas sobre un posible adelanto electoral, asegurando que su prioridad era la aprobación de los decretos. Al respecto, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, declaró en la radio Cadena Ser que ha conversado con el presidente y que mantendrá una discreción absoluta sobre este asunto.
El problema de la vivienda asequible es una crisis social arraigada en España desde hace años. Según datos proporcionados por el Banco de España, el país, que cuenta con una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, arrastra un déficit habitacional de unas 700.000 viviendas.
