La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó la sentencia de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que reduce la edad de punibilidad a los 14 años. Como consecuencia de esta decisión, se dejó sin efecto el sobreseimiento de un menor de 14 años que había sido detenido en flagrancia durante un intento de robo en el barrio de Palermo.
En el fallo, emitido por unanimidad por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Franza y Patricia Larocca, el tribunal de alzada no solo anuló la resolución previa, sino que decidió apartar a la magistrada De Marinis de la causa, atendiendo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en su apelación. A partir de este momento, se deberá realizar un sorteo para designar al nuevo magistrado que continuará con el proceso judicial.
Los magistrados de la Cámara sostuvieron que la jueza De Marinis “se entrometió en una función claramente vedada”, argumentando que el análisis sobre la constitucionalidad de la norma ya había sido efectuado por el legislador al momento de sancionar la ley. En su voto, el juez Ignacio Mahiques enfatizó que los fundamentos presentados en la primera instancia no lograron demostrar que el artículo 1º de la ley 27.801 resultara inconciliable con normas constitucionales o convencionales.
Según Mahiques, la resolución de la jueza De Marinis exhibió una “valoración adversa de la opción de política criminal adoptada por el legislador” en lugar de una prueba jurídica de inconstitucionalidad. El juez señaló que la magistrada basó su conclusión en una lectura de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño —las cuales son pautas interpretativas pero no tienen fuerza vinculante autónoma— y en consideraciones generales sobre neurociencia y vulnerabilidad, sin explicar cómo estos elementos invalidaban constitucionalmente la norma.
El conflicto judicial se originó a raíz de un hecho ocurrido el pasado 10 del corriente mes a las 6.30 horas. Cuatro adolescentes intentaron robarle el teléfono celular a un hombre de 47 años en la calle Godoy Cruz al 2500, en Palermo. La víctima logró escapar y pedir ayuda a un oficial de la Policía de la Ciudad, lo que permitió la interceptación de los sospechosos. El grupo estaba compuesto por dos adolescentes de 16 años, uno de 14 y uno de 13; este último fue considerado inimputable debido a su edad.
En el marco de la causa, el adolescente de 14 años, identificado como M. I. A. y representado por el Ministerio Público de la Defensa, planteó la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley 27.801, que establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años hasta el día previo a cumplir los 18. La jueza De Marinis había acogido este planteo, argumentando que los adultos no pueden castigar a los menores por el desamparo sufrido en su primera infancia y que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso.
Esta resolución generó fuertes reacciones políticas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó la decisión de la Cámara como “un necesario freno al garantismo judicial” y afirmó que “la ley está para cumplirse”. Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, criticó duramente a la jueza, calificándola como “pro delincuentes” y sosteniendo que no se puede elegir qué leyes aplicar según la ideología personal. Asimismo, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, subrayó que “la ley está para cumplirse y la Justicia para hacerla cumplir”.
Como medida adicional, el ministro Gabino Tapia presentó una denuncia por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, solicitando que, de verificarse los extremos expuestos, se formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Cabe destacar que este caso representa la segunda sentencia contra la nueva ley penal juvenil que es revocada por instancias superiores. Previamente, la jueza Marta Pascual había suspendido el régimen en la provincia de Buenos Aires, decisión que también fue anulada posteriormente por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.
