La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado obtener un auto de formal prisión en contra de Ana Paulina Dávila Carrillo, quien es señalada por su presunta participación en un esquema de captación de personas de diversas nacionalidades. El objetivo de estas acciones era incorporarlas a la organización denominada “Defensores de Cristo”, un grupo con características religiosas y de autoayuda que es encabezado por el ciudadano español Ignacio González de Arriba, quien es conocido bajo el alias de “Maestro Fénix”.
De acuerdo con los detalles revelados en la investigación federal, el esquema operaba de manera que, una vez que las víctimas eran integradas al grupo, quedaban sujetas a diversas formas de explotación laboral. Las indagatorias sostienen que las personas captadas permanecían bajo condiciones de esclavitud e insalubridad, perdiendo su libertad y autonomía dentro de la estructura organizativa. La autoridad sostiene que Dávila Carrillo formó parte de este mecanismo de captación y sometimiento desde el año 2010, colaborando con otras personas para atraer a nuevos integrantes mediante el uso de cursos, los cuales se impartían tanto de manera presencial como a través de internet.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se remonta a una organización que ya era objeto de investigaciones por parte de las autoridades federales desde hace más de una década. Un punto crítico en la historia de este grupo ocurrió en enero de 2013, cuando el Instituto Nacional de Migración (INM), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal coordinaron un operativo en un inmueble ubicado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en el estado de Tamaulipas. Dicha intervención se llevó a cabo tras la recepción de diversas denuncias relacionadas con las actividades del grupo.
El despliegue policial y migratorio de aquel entonces permitió la localización de 24 personas vinculadas al lugar. De este grupo, 14 eran ciudadanos extranjeros y 10 eran mexicanos. Entre las nacionalidades de los extranjeros se contabilizaron seis personas de España, dos de Brasil, dos de Bolivia, dos de Venezuela, un ciudadano de Argentina y uno de Ecuador. En ese momento, el INM informó que la organización “Defensores de Cristo” mantenía sedes operativas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Torreón, Coahuila. Asimismo, se detectó que la agrupación carecía de cualquier tipo de registro ante la autoridad federal encargada de la supervisión de asociaciones religiosas.
Las denuncias que dieron pie a la intervención de 2013 incluían señalamientos graves sobre cobros obligatorios bajo el concepto de diezmo y la exigencia de trabajos forzados a las personas que se incorporaban a la agrupación. Tras el operativo, los extranjeros localizados quedaron a disposición de la PGR para que se determinara su situación jurídica migratoria y penal.
Los antecedentes judiciales indican que estas investigaciones derivaron años después en condenas firmes por el delito de trata de personas. En marzo de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas sentenció a dos integrantes de “Defensores de Cristo” a seis años de prisión. Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado impuso una multa y ordenó la reparación del daño a las víctimas. En dicha acusación, se estableció que los sentenciados aprovecharon la situación de vulnerabilidad de una víctima, obligándola a ofrecer los cursos que servían precisamente para atraer a más personas al grupo.
En el procedimiento actual, la FGR atribuye a Ana Paulina Dávila Carrillo una probable participación en este mismo mecanismo de captación y explotación. La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada recientemente por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes pertenecen a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Posterior a su detención, el Ministerio Público de la Federación presentó el caso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Tras analizar las pruebas y los argumentos, el juez dictó el auto de formal prisión. Actualmente, Dávila Carrillo se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, conocido como “CPS Femenil Morelos”, donde permanecerá mientras continúa el proceso penal en su contra por el delito de trata de personas con fines de esclavitud.
