La Asociación Deporte Limpio ha formalizado la presentación de una nueva querella penal dirigida contra diversos integrantes del Comité Olímpico Guatemalteco (COG). En este documento legal, la organización señala a los implicados por presuntos hechos delictivos vinculados con la administración, el manejo y el destino final de recursos financieros que, según las cifras detalladas en la acción presentada ante los tribunales, suman un total de Q18 millones 972 mil 680.
La representación legal de esta acción estuvo a cargo de Erwin Paul García Florian, quien compareció ante las autoridades judiciales actuando como mandatario especial judicial en representación de la Asociación Deporte Limpio. El objetivo primordial de la acción es que se inicien las investigaciones correspondientes para determinar la legalidad de las operaciones financieras cuestionadas.
Dentro del documento de la querella, la organización identifica específicamente a los funcionarios del COG que deben ser investigados. Entre los señalados se encuentra Gerardo Estrada Mayorga, quien ejerce el cargo de gerente general del Comité Olímpico Guatemalteco; Gerardo René Aguirre Oestmann, quien se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo; y Juan Carlos Sagastume Bendaña, quien ocupa la posición de vicepresidente de dicha entidad.
Asimismo, la acción penal extiende los señalamientos hacia los integrantes del cuerpo de vocales del Comité Ejecutivo. En la lista de personas señaladas figuran María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, Claudia Lorena Rivera Lucas, Rafael Antonio Cuestas Rolz, José Alejandro Barrondo Xuc y Waleska Soto Abril. Todos ellos forman parte de la estructura administrativa y directiva sobre la cual recaen los cuestionamientos de la asociación.
Uno de los puntos centrales que motivaron la interposición de esta querella es la gestión de una subvención cuantificada en Q13 millones 972 mil 680, la cual estaba destinada a diversos países de Centroamérica. A este monto se le suma otra cantidad de Q5 millones, recursos que, según los señalamientos incluidos en la acción penal, fueron destinados para la inauguración de los Juegos Centroamericanos. La suma de ambos conceptos representa la cifra total de Q18 millones 972 mil 680 que hoy se encuentra bajo cuestionamiento legal.
La Asociación Deporte Limpio ha manifestado sus dudas sobre la transparencia de estas operaciones financieras, solicitando que se investiguen a fondo los hechos que, a criterio de la organización, podrían constituir delitos penales. El memorial fue presentado formalmente ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, instancia encargada de recibir la acción y dar paso a los procesos judiciales correspondientes.
En el documento legal, la Asociación Deporte Limpio atribuye a los señalados la posible comisión de una serie de delitos graves. Entre los tipos penales mencionados se encuentran el lavado de dinero u otros activos, la asociación ilícita, la usurpación de funciones, el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes. De igual manera, la querella incluye señalamientos por malversación y fraude, delitos que deberán ser analizados y comprobados por las autoridades competentes durante la fase de investigación.
Es fundamental precisar que la presentación de esta acción penal no conlleva una declaración de culpabilidad para los integrantes del Comité Olímpico Guatemalteco, ni implica que los delitos denunciados hayan sido ya comprobados en un juicio. En el marco del debido proceso, corresponde ahora al Ministerio Público llevar a cabo las diligencias investigativas necesarias para determinar si existen elementos probatorios suficientes que sustenten los señalamientos planteados por la querellante.
Finalmente, la Asociación Deporte Limpio ha reiterado su solicitud para que se esclarezca plenamente el manejo de los recursos económicos cuestionados, así como las actuaciones administrativas y ejecutivas de los integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, en aras de garantizar la transparencia en la gestión del deporte nacional.
