La larga fila que este martes se extiende ante el Consulado de España en La Habana mantiene su ritmo habitual, con decenas de cubanos esperando su turno para realizar gestiones. Sin embargo, el ambiente que rodea a los solicitantes se ve matizado por el reciente fallo del Tribunal Supremo (TS) de España, una decisión que ha introducido un elemento de incertidumbre en el proceso de nacionalización de miles de personas.
La situación actual es de contrastes: mientras la cola sobrepasa la entrada de la Lonja de Comercio, donde se ubica la sede consular, la reacción de los presentes es variada. Algunos mantienen un silencio prudente ante la última resolución de la justicia española, otros parecen desconocer por completo las noticias de la suspensión, y un pequeño grupo mantiene la ilusión de poder ejercer su derecho al voto en el futuro.
El Tribunal Supremo de España ha dictado una suspensión cautelar que afecta directamente al derecho al voto y a las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta medida judicial se aplica a aquellos que han sido incorporados como consecuencia de la Ley de Memoria Democrática. La resolución establece que los consulados deberán acreditar que los nuevos nacionalizados cumplen estrictamente con la condición de ser descendientes de exiliados españoles antes de que se les permita el acceso a estos derechos electorales.
Bajo el intenso sol de septiembre en Cuba, los solicitantes buscan refugio en las pocas sombras que ofrece el entorno mientras esperan su turno. En este escenario, los vendedores ambulantes se desplazan por las inmediaciones para aprovechar las demoras que el proceso conlleva. A pesar de la larga espera, se percibe un clima de cautela entre los ciudadanos; muchos prefieren no hablar sobre sus trámites por el temor de que la concesión de la ciudadanía pueda enfrentar algún contratiempo debido a este nuevo marco judicial.
Pedro Matías, uno de los pocos que aceptó dar su testimonio a EFE, ejemplifica este sentimiento de reserva. “Nosotros somos nuevos aquí en este tema (la solicitud de nacionalización) y no puedo dar datos calificativos grandes ni elocuentes. Ni me abstengo ni doy una opinión verdadera”, afirmó, reflejando la postura de quienes prefieren mantenerse al margen del debate mediático.
La búsqueda de la nacionalidad española se ha convertido en una de las principales vías de salida para la población cubana. Desde el año 2020, la isla ha perdido más de un millón de habitantes que han optado por la migración como la alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Cuba enfrenta una crisis estructural profunda que se ha prolongado durante seis años, agravándose desde enero debido a factores internos y externos, incluyendo el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de la isla.
Para muchos, la nacionalidad trasciende lo económico. Marisol Jiménez, quien realiza los trámites junto a su marido, sostiene que obtener la ciudadanía no se trata únicamente de una mejora material. “Coger la ciudadanía no quiere decir mejorar solamente la vida”, explicó, señalando su interés en participar en la sociedad civil. Una vez obtenida la condición de española, su deseo es poder votar y convivir plenamente en el país. En este mismo sentido, Yénica Artaya, que acompaña a su madre en el proceso, subrayó la importancia del sufragio como un derecho fundamental para cualquier ciudadano.
Es crucial aclarar que la resolución del Tribunal Supremo no anula las nacionalidades que ya han sido concedidas, ni tampoco paraliza los trámites de ciudadanía en curso. La suspensión cautelar tampoco afectará a aquellos solicitantes que logren acreditar que su antepasado sufrió un exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual.
Cuba destaca como uno de los países con mayor volumen de solicitudes bajo la denominada "Ley de Nietos". Según datos de septiembre de 2025, las peticiones cubanas representaban aproximadamente el 13 % del total mundial, apenas un mes antes del cierre del plazo de solicitudes. A nivel global, la magnitud de este proceso es evidente: 2,4 millones de descendientes de quienes fueron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad. De este grupo, 544.722 ya cuentan con la nacionalidad aprobada y 306.000 se encuentran inscritos oficialmente como españoles.
La Ley de Nietos, aprobada en 2022, amplía las posibilidades de adquisición de la nacionalidad española. Además de los hijos o nietos de exiliados que perdieron su condición de ciudadanos, la norma incluye a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, entre otros supuestos contemplados por la legislación.
