El Sindicato Chuquicamata de Codelco ha emitido un enérgico llamado al presidente del directorio de la empresa estatal, el empresario Bernardo Fontaine, para que entregue aclaraciones detalladas sobre acusaciones que vinculan a su fundación, Ciudadanos en Acción, con la difusión de información falsa destinada a desprestigiar a la corporación minera. El gremio sindical ha manifestado que la transparencia y la verdad son fundamentales para la estabilidad de la compañía, advirtiendo que la situación actual perjudica la imagen y el funcionamiento de la institución.
La controversia surge a raíz de que el sindicato sostiene que Bernardo Fontaine, a través de la fundación Ciudadanos en Acción, habría financiado y coordinado la masificación de contenidos falsos. Según la denuncia del gremio, estas acciones tenían como objetivo directo menoscabar la reputación de Codelco y cuestionar el rol estratégico que la empresa desempeña como la principal entidad estatal de Chile. Un punto crítico señalado por los trabajadores es la temporalidad de estas campañas, ya que el sindicato afirma que el desprestigio se ejecutó en tres etapas: antes, durante y después del nombramiento de Fontaine como presidente del directorio de la estatal.
Para el gremio, este hecho sugiere que el empresario podría mantener activo el diseño operativo de su fundación con el fin de debilitar, demonizar y menoscabar la percepción pública de Codelco, afectando no solo la opinión de la ciudadanía sino también la posición de la empresa dentro de la industria minera global.
En cuanto al contenido de las campañas de desprestigio, el Sindicato Chuquicamata detalla que se difundieron mensajes que presentaban a Codelco como una organización atravesando graves dificultades económicas. Asimismo, se habría difundido la idea de que la empresa carece de la capacidad necesaria para asumir un papel estratégico en el desarrollo y explotación del cobre y el litio. El sindicato enfatiza que estos contenidos no deben ser interpretados como eventos aislados, sino como parte de una narrativa coordinada para instalar la idea de que la empresa estatal es ineficiente, representa una carga económica para el país y, por ende, debería ceder sus espacios estratégicos al sector privado.
Desde la perspectiva del sindicato, existe una contradicción fundamental en la posición actual de Bernardo Fontaine. El gremio recalca que Fontaine ya no debe actuar como el presidente de la Fundación Ciudadanos en Acción, sino como el presidente de la principal empresa de Chile. En este sentido, los trabajadores sostienen que su silencio frente a estas acusaciones es perjudicial para la compañía y que su cargo actual le impone un estándar superior de independencia, lealtad institucional y transparencia.
El comunicado del sindicato hace una distinción clara entre lo que consideran una "crítica fundamentada y transparente", la cual es legítima, y la "construcción artificial de una percepción negativa". Esta última, según el gremio, se logra mediante campañas cuyo financiamiento y coordinación permanecen ocultos para la ciudadanía, lo que vulnera la ética pública.
La organización sindical advirtió que Codelco no puede quedar expuesta a dudas razonables sobre posibles conflictos de interés, influencias de sectores privados o la existencia de campañas deliberadas para debilitar su rol estratégico en la economía nacional. El gremio es tajante al señalar que la transparencia no debe ser vista como una concesión personal del presidente del directorio, sino como un deber inherente a quien lidera una empresa que pertenece a todos los chilenos y chilenas.
Finalmente, el Sindicato Chuquicamata reafirmó su compromiso con la defensa del patrimonio nacional, de los trabajadores y de la institución. En un cierre contundente, el gremio emplazó a Fontaine a responder y aclarar los hechos, subrayando que esta obligación persiste más allá de las diligencias que ya lleva adelante la Fiscalía y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El sindicato concluyó reiterando que Codelco no pertenece a ningún gobierno, ni a un directorio, ni a intereses económicos específicos, sino que pertenece íntegramente a Chile.
