El Banco Popular se encuentra en una situación administrativa crítica tras permanecer sin una Junta Directiva desde el pasado 31 de julio. Ante este vacío de liderazgo, el Gobierno ha implementado un decreto, publicado el 9 de noviembre, que faculta al Consejo de Gobierno para designar a los siete directores que integran dicho órgano colegiado. Bajo esta medida, el Ejecutivo no solo nombra los tres puestos que ya le correspondían por ley, sino que asume, de forma temporal, los cuatro espacios que legalmente están reservados a la Asamblea de Trabajadores.
La administración gubernamental ha justificado la urgencia de esta intervención basándose en necesidades operativas inmediatas. Según el Ejecutivo, la ausencia de una junta directiva impide la aprobación del presupuesto para el año 2027, imposibilita la contratación de la auditoría externa y deja sin responsables las funciones que son consideradas indelegables para la entidad.
A pesar de que la urgencia es real, el mecanismo empleado ha generado cuestionamientos. Actualmente, la Asamblea de Trabajadores para el periodo 2026-2030 se encuentra en proceso de integración. En este contexto, se plantea que la solución más natural habría sido acelerar dicho proceso interno en lugar de sustituir la representación de los trabajadores. Un punto particularmente preocupante es que el decreto no establece una fecha de término, lo que implica que la medida regirá hasta que concluya el proceso de integración, dejando el plazo en una incertidumbre jurídica.
Este escenario evoca hechos ocurridos en el año 2022, cuando el presidente Chaves decretó el control total de la entidad durante ocho meses, una situación que terminó prolongándose durante toda su administración. En aquel periodo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) calificó al banco en condición de irregularidad financiera debido a debilidades en el gobierno corporativo, señalando específicamente la falta de idoneidad de sus directivos y recomendando, en su momento, la destitución del presidente de la Junta.
Aunque el Banco Popular logró salir de esa condición de irregularidad en septiembre, persisten reparos sobre la composición de su Directiva. De hecho, la Sugef ha ordenado la presentación de un plan de acción que debe ser aprobado por la Junta Directiva Nacional, órgano que, debido a la situación actual, no está conformado.
La relevancia de este control es significativa considerando que el Banco Popular es la cuarta entidad financiera más grande de Costa Rica y una de las cuatro catalogadas como sistémicas por la Sugef, cerrando el mes de septiembre con activos valorados en ¢4,42 billones. Además, los directores de esta entidad integran las juntas de sus subsidiarias, incluyendo la operadora de pensiones, lo que otorga a quien nombra la Junta una influencia directa sobre una de las mayores concentraciones de ahorro del país.
Es fundamental precisar que el Banco Popular no es, estrictamente, un banco del Estado. La Procuraduría lo ha definido como una entidad pública no estatal. Su ley orgánica prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo o cualquier otro organismo impongan decisiones sobre la custodia, administración o inversión del ahorro de los trabajadores. El diseño legal original buscaba un equilibrio mediante cuatro directores elegidos por la Asamblea y tres por el Ejecutivo, con ratificación gubernamental. Si bien este esquema ya otorgaba poder de veto al Gobierno, el nuevo decreto lo convierte en dueño absoluto de los siete puestos.
Respecto a los criterios de selección, el decreto exige experiencia en entidades financieras supervisadas, paridad de género y trayectoria en entidades de importancia sistémica. No obstante, se argumenta que estos requisitos curriculares no sustituyen la evaluación de idoneidad ni el contrapeso necesario que representa la Asamblea de los dueños del ahorro.
En medio de urgencias nacionales en materia de seguridad, salud, infraestructura y finanzas públicas, surge la interrogante de por qué el Ejecutivo invierte su capital político en el control de una entidad de trabajadores. El silencio del decreto sobre por qué no se aceleró la integración de la Asamblea ni se fijó un plazo límite alimenta sospechas de que el control sea un fin en sí mismo.
Como advertencia, se menciona el caso reciente de Paraguay, donde la confusión entre política y banca llevó al colapso de Ueno Bank, dejando a tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y resultando en la destitución del presidente Santiago Peña. Aunque Costa Rica no se encuentra en esa situación, un decreto que concentra nombramientos sin plazos definidos debilita las defensas diseñadas para evitar el vínculo político excesivo en la banca.
Para garantizar la transparencia, se plantea que el Ejecutivo debería fijar un plazo para estos nombramientos, justificar públicamente cada designación, explicar los criterios de selección y someter a los postulantes a una evaluación de idoneidad, evitando así que una junta provisional se vuelva permanente.
