El Gobierno Nacional se prepara para enviar al Congreso, durante la próxima semana, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incluye un giro estratégico en materia de seguridad y tecnología. La iniciativa contempla la incorporación de un marco normativo destinado a proteger la infraestructura crítica del país y a establecer requisitos de seguridad estrictos para los proveedores que operen en sectores considerados estratégicos. Esta medida se alinea directamente con la agenda que la administración de Donald Trump ha impulsado globalmente para frenar la expansión tecnológica de China.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la medida no tendrá un alcance limitado a puntos específicos como Vaca Muerta ni se reducirá a la controversia puntual por la presencia de la empresa Huawei en Neuquén. El esquema propuesto alcanzará a toda la infraestructura que el Estado defina como crítica, integrando condiciones obligatorias para los proveedores, estándares rigurosos de ciberseguridad y mecanismos de protección diseñados para mitigar riesgos externos.
Este capítulo legislativo es parte de una decisión del Ejecutivo de traducir su alineamiento político con Washington en herramientas concretas de seguridad nacional. Desde Balcarce 50 sostienen que el objetivo es profundizar la cooperación en los ámbitos tecnológico, militar, energético y de inteligencia, acelerando los efectos de la relación política que el presidente Javier Milei mantiene con Donald Trump.
La agenda ya presenta movimientos operativos. En las próximas semanas se espera la llegada a Buenos Aires de funcionarios estadounidenses para mantener reuniones centradas específicamente en cuestiones tecnológicas. De acuerdo con anticipos gubernamentales, los contactos se concentrarán en la seguridad de las redes, la infraestructura sensible, las cadenas de suministro y los criterios técnicos para evaluar la idoneidad de los proveedores.
En este contexto, Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, se encuentra actualmente en Argentina cumpliendo una agenda de reuniones que se mantiene bajo reserva. La funcionaria ya se había reunido el pasado jueves con Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno en Santiago de Chile, extendiendo su gira oficial por ambos países hasta este fin de semana. El Gobierno ha evitado dar detalles públicos sobre sus interlocutores y las actividades programadas en la capital argentina.
La inclusión de la infraestructura crítica en el proyecto retoma una discusión que la Casa Rosada había iniciado previamente a los anuncios relacionados con Malvinas. El Ejecutivo ya analizaba la creación de requisitos nacionales para los proveedores de redes y centros de datos, motivado por advertencias provenientes de Estados Unidos sobre la utilización de equipamiento chino en infraestructura vinculada a Vaca Muerta.
Hasta el momento, la evaluación oficial contemplaba la identificación de instalaciones específicas como críticas y la aplicación de condiciones de “proveedor confiable” para quienes suministraran la tecnología. Sin embargo, el nuevo proyecto busca otorgar una dimensión más amplia y transversal, construyendo un marco aplicable a todos los sectores cuya interrupción o vulneración pueda afectar la seguridad, la defensa, la economía o los servicios esenciales del país.
Si bien la legislación argentina ya reconoce como áreas críticas sectores como la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, las finanzas, el sector nuclear, el espacio y la salud, el Gobierno identifica que esta clasificación general carece de un régimen integral. El problema radica en que no existen activos concretos definidos ni exigencias claras que deban cumplir los operadores y proveedores de dichos servicios.
El modelo estadounidense ejerce un peso directo en esta discusión. Washington utiliza mecanismos para identificar equipos y servicios tecnológicos que considera riesgosos para su seguridad nacional, aplicando restricciones a compañías como Huawei y ZTE en redes, instalaciones públicas y sistemas críticos. La Casa Rosada analiza adaptar parte de esta lógica al marco jurídico argentino, aunque sin replicarla necesariamente de manera textual.
El proyecto estará estructurado bajo la órbita del Consejo de Seguridad Nacional, organismo anunciado por Milei durante su cadena nacional por Malvinas. Este cuerpo articulará las acciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para definir una política obligatoria para las diversas áreas del Estado, incluyendo un marco específico para la protección aeroespacial y marítima.
Asimismo, el Presidente solicitará al Congreso facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas frente a actores, ya sean estatales o privados, que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. Bajo este esquema, la evaluación de los proveedores dejará de ser una cuestión meramente técnica o comercial para integrarse plenamente en el planeamiento estratégico del Ejecutivo.
Esta iniciativa surge en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Beijing por la tecnología utilizada en territorio argentino. Estados Unidos ha cuestionado públicamente la participación de empresas chinas en redes sensibles y ha reclamado el avance hacia proveedores considerados seguros. Por su parte, China ha rechazado estos planteos, acusando a la administración Trump de intentar bloquear comercialmente a sus empresas.
Aunque la discusión se centró inicialmente en la relación entre la cooperativa neuquina CALF y Huawei, el Gobierno busca evitar que la regulación futura dependa de contratos particulares o de la jurisdicción de una provincia. El objetivo es establecer estándares nacionales uniformes para cualquier infraestructura considerada estratégica.
Este giro se vincula también con la agenda económica y comercial que Milei busca acelerar con Estados Unidos, incluyendo conversaciones sobre seguridad de cadenas de suministro, telecomunicaciones, energía y minerales críticos. En paralelo, la Casa Rosada pretende avanzar en los capítulos pendientes del acuerdo comercial firmado en febrero.
Finalmente, el proyecto relacionado con Malvinas se transformará en el vehículo para una reforma de seguridad nacional más extensa. Además de endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en las islas, el Gobierno regulará la infraestructura crítica, fijará requisitos para proveedores y reforzará la ciberseguridad, buscando fortalecer las capacidades argentinas y profundizar la convergencia con Estados Unidos en la competencia tecnológica global.
