La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado las condenas impuestas a un matrimonio y a su hijo, quienes fueron hallados responsables de someter a una adolescente de 13 años a una situación de unión forzada y explotación. El caso, que tuvo lugar principalmente en San Juan, fue encuadrado por la Justicia Federal como trata de personas con fines de explotación, determinando que ninguna tradición o práctica cultural puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de una persona.
La resolución, dictada este viernes, deja firme el fallo previo del Tribunal Oral Federal de San Juan. En el desarrollo de la causa, intervinieron la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara de Casación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismos que trabajaron en la acreditación de los hechos denunciados y en el seguimiento del proceso judicial.
El proceso permitió reconstruir la cronología de los hechos, que comenzaron entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén. En aquel momento, la víctima contaba con apenas 13 años de edad y fue captada mediante el pago de una suma de dinero a su familia, bajo la figura de un denominado “precio dotal”. El monto acordado fue de 825.000 pesos, con el objetivo de formalizar un acuerdo matrimonial con un joven de 20 años que, además, era primo de la menor.
A partir de este acuerdo, la adolescente fue obligada a mantener una convivencia forzada. Dentro del marco de este rito matrimonial, fue sometida a reiteradas situaciones de violencia sexual. Como consecuencia de estos abusos, la joven quedó embarazada en dos oportunidades: el primer embarazo terminó en un aborto espontáneo, mientras que en el año 2024 dio a luz a un hijo.
La investigación determinó que, posteriormente, la joven fue trasladada a la provincia de Santa Fe. Allí permaneció bajo el control estricto del grupo familiar hasta diciembre de 2024. Durante su estancia en dicha provincia, la víctima sufrió agresiones físicas graves, incluyendo quemaduras provocadas con cigarrillos, según consta en el expediente judicial.
Además de la violencia física y sexual, la adolescente fue sometida a explotación laboral. Según su testimonio, era obligada a dedicarse a la venta ambulante, pero no se le permitía disponer del dinero que obtenía a través de su trabajo; todos los ingresos eran confiscados por sus captores. Las exigencias laborales persistían incluso en situaciones críticas, como cuando la joven se encontraba enferma, durante sus embarazos o cuando estaba expuesta a condiciones climáticas adversas.
El desenlace de esta situación ocurrió en la localidad de Caucete, donde la adolescente intentó escapar llevando a su hijo en brazos. El intento de huida fue advertido por una persona que se encontraba en una estación de servicio, quien inmediatamente realizó un llamado al servicio de emergencias 911. Esta secuencia fue captada por las cámaras del sistema de monitoreo provincial, lo que permitió que los efectivos policiales interceptaran el vehículo y lograran rescatar a la víctima.
Para sustentar la condena, el tribunal consideró una amplia gama de pruebas. Entre ellas se destacaron la declaración de la víctima realizada en Cámara Gesell, los testimonios de los profesionales que brindaron asistencia a la joven, el audio de la llamada al 911 y diversa documentación oficial, incluyendo informes del Registro Civil y de la ANSES.
En mayo del corriente año, el Tribunal Oral Federal de San Juan había condenado a los tres implicados a 10 años de prisión y los había obligado al pago de una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la joven. Ante esto, la defensa presentó una apelación, negando la existencia de explotación y alegando que la relación había sido voluntaria. Asimismo, solicitaron que los hechos fueran analizados desde la perspectiva de las prácticas culturales de las familias involucradas y cuestionaron la valoración de la prueba y la indemnización.
El juez Daniel Petrone, al analizar el recurso, descartó los argumentos de la defensa. Sostuvo que el tribunal de juicio había realizado una valoración integral y correcta de las pruebas, enfatizando que la condena no se basó exclusivamente en el relato de la adolescente, sino en un conjunto de elementos concordantes.
Un punto central del fallo fue el rechazo a la justificación cultural. El magistrado remarcó que la pertenencia a una comunidad o la invocación de tradiciones no eliminan la responsabilidad penal cuando se vulneran derechos fundamentales. Según la Justicia, se trató de un matrimonio infantil y forzoso, dado que la víctima no poseía la madurez suficiente y se encontraba en una situación de marcada vulnerabilidad. Con esta decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, las penas de 10 años de prisión quedaron confirmadas y el caso adquirió firmeza.
