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Fallo judicial: Apartan de la causa $LIBRA a inversores que buscaban ser querellantes

Los reclamantes, que piden ser admitidos como parte para impulsar la causa, esperan que la Cámara de Casación revierta esta decisión, que firmaron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Fue el primer día con la nueva conformación del tribunal. Con una resolución que los afectados daban por descontada, la Cámara Federal porteña confirmó hoy la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que habían reclamado ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron tras la compra del criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promovido por el presidente Javier Milei en redes sociales. Con la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara sostuvo que los damnificados no lograron acreditar la existencia de un ardid durante el desarrollo de la investigación, ni una afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a comprar el token y que permitiera establecer un perjuicio directo derivado de un delito. Con una resolución que los afectados daban por descontada, la Cámara Federal porteña confirmó hoy la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que habían reclamado ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron tras la compra del criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promovido por el presidente Javier Milei en redes sociales. Con la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara sostuvo que los damnificados no lograron acreditar la existencia de un ardid durante el desarrollo de la investigación, ni una afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a comprar el token y que permitiera establecer un perjuicio directo derivado de un delito. La resolución fue dictada este viernes por la Sala I de la Cámara, en el marco de un incidente promovido por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli. Los camaristas confirmaron en todos sus términos la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, que había hecho lugar a la excepción por falta de acción y había apartado del rol de querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo. “Hicieron los deberes bien hechos”, ironizó uno de los afectados ante la consulta de LA NACION, tras recordar los esfuerzos de la Casa Rosada por reconfigurar la Cámara Federal porteña. “Esperemos que la Cámara de Casación se comporte de otro modo”, afirmó. El fallo de Llorens y Bertuzzi, en tanto, no se pronuncia sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas ni cierra la pesquisa sobre el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA. La discusión quedó circunscrita a determinar si los cinco inversores tenían legitimación suficiente para intervenir en el expediente como acusadores particulares. Para los jueces, esa condición exige demostrar un interés “directo, inmediato y personal” derivado del hecho investigado. Y, para establecer si existe ese perjuicio directo, consideraron necesario examinar de manera preliminar si los hechos denunciados pueden ser encuadrados en una maniobra penalmente relevante. Los recurrentes habían cuestionado precisamente ese criterio. Sostuvieron que el juez de primera instancia había avanzado indebidamente sobre el fondo del caso al considerar que los hechos podían estar vinculados con la volatilidad propia de las denominadas “memecoins”, en lugar de una estafa. También argumentaron que la prueba reunida permitía sostener la existencia de una maniobra defraudatoria y que ya habían obtenido anteriormente el reconocimiento de su condición de querellantes. Uno de los principales argumentos de los inversores fue que exigirles acreditar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para las operaciones constituía un requisito prácticamente imposible de cumplir debido a las características de los criptoactivos y de las plataformas empleadas. También cuestionaron que se analizara el origen de los fondos utilizados para adquirir $LIBRA como condición para acreditar su condición de víctimas. La Cámara, sin embargo, consideró que esas cuestiones eran secundarias frente a un problema previo: ninguno de los apelantes había logrado demostrar cuál fue el engaño concreto que determinó su decisión de comprar el token. Según los jueces, los inversores describieron una sucesión de acontecimientos vinculados con el lanzamiento, la difusión pública del activo y su posterior caída, pero no identificaron “la falsedad concreta” que los habría inducido a efectuar la disposición patrimonial. Tampoco, sostuvo el tribunal, pudieron establecer el nexo entre esa supuesta maniobra y la operación mediante la cual cada uno habría sufrido el perjuicio económico. Llorens y Bertuzzi pusieron así el acento en la diferencia entre una pérdida producida por la caída de un activo de alto riesgo y un desapoderamiento provocado mediante un engaño penalmente relevante. En ese sentido, señalaron que las expresiones utilizadas para describir la operatoria —como “calidad simulada”, “insider trading”, “lavado de prestigio” o “rug pull”— no alcanzaban, por sí mismas, para demostrar la existencia de un ardid típico aplicado al caso concreto. La Cámara también consideró las características específicas de la tecnología blockchain. Según el fallo, la comercialización del activo se produjo en un entorno en el que las operaciones quedan registradas de manera inmutable, circunstancia que, a criterio de los camaristas, permite a quienes intervienen en ese mercado evaluar el nivel de riesgo y la posibilidad de fuertes fluctuaciones en la cotización. La resolución también rechazó el argumento de los inversores según el cual su anterior reconocimiento como querellantes constituía una cuestión de cosa juzgada. La Cámara recordó que aquella decisión había sido adoptada en una etapa inicial de la investigación, con los elementos disponibles en ese momento, y sostuvo que se trató de una resolución provisoria que no genera los efectos de una cosa juzgada material. Llorens y Bertuzzi destacaron que una investigación penal puede modificar sus hipótesis a medida que incorpora nueva evidencia. En este caso, afirmaron que el avance de la pesquisa produjo un “debilitamiento” de la teoría inicial que sostenía que los inversores habían sido víctimas de un plan organizado desde ámbitos vinculados con el Gobierno y con desarrolladores de criptoactivos. La Cámara contrapuso esa hipótesis con otra, según la cual los inversores habrían realizado compras en un mercado no regulado, utilizando un instrumento caracterizado por su elevada volatilidad y exposición al riesgo. A partir de la prueba incorporada hasta ahora, los [...] La entrada La Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores de $LIBRA como querellantes se publicó primero en CHACODIAPORDIA.COM .

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Fallo judicial: Apartan de la causa $LIBRA a inversores que buscaban ser querellantes

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes la decisión de excluir del expediente a cinco inversores que pretendían ser reconocidos como querellantes en la causa por las pérdidas sufridas tras la compra del criptoactivo $LIBRA. El activo en cuestión había tenido un lanzamiento promovido a través de las redes sociales por el presidente Javier Milei. La resolución, que fue firmada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, coincide con el primer día de funcionamiento de la nueva conformación del tribunal.

El fallo ratifica lo resuelto previamente por el juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había hecho lugar a la excepción por falta de acción. Como resultado, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo fueron apartados del rol de querellantes. La resolución judicial se dio en el marco de un incidente promovido por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli.

Según el razonamiento de los camaristas Llorens y Bertuzzi, los damnificados no lograron acreditar la existencia de un "ardid" durante el desarrollo de la investigación. El tribunal sostuvo que no se presentó una afirmación falsa concreta que hubiera determinado la decisión de los inversores de comprar el token, lo que impide establecer la existencia de un perjuicio directo derivado de un delito penal.

Para los magistrados, la condición de querellante exige la demostración de un interés "directo, inmediato y personal" vinculado al hecho investigado. En este sentido, consideraron fundamental examinar si los hechos denunciados podían encuadrase en una maniobra penalmente relevante. La Cámara determinó que los recurrentes describieron una serie de eventos relacionados con el lanzamiento, la difusión y la posterior caída del activo, pero no pudieron identificar la falsedad específica que los indujo a realizar la disposición patrimonial, ni el nexo entre dicha maniobra y la operación donde sufrieron el perjuicio económico.

Por su parte, los inversores habían cuestionado el criterio del juez de primera instancia, argumentando que este había avanzado indebidamente sobre el fondo del caso. Sostenían que el magistrado consideró que los hechos estaban vinculados a la volatilidad propia de las "memecoins" en lugar de una estafa. Asimismo, afirmaron que la prueba reunida era suficiente para sostener la existencia de una maniobra defraudatoria y recordaron que ya habían sido reconocidos anteriormente como querellantes.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la exigencia de acreditar la titularidad de las billeteras virtuales y el origen de los fondos utilizados para adquirir $LIBRA. Los recurrentes argumentaron que estos requisitos eran prácticamente imposibles de cumplir dadas las características de las plataformas de criptoactivos. Sin embargo, la Cámara consideró que estas cuestiones eran secundarias frente a la falta de prueba sobre el engaño concreto.

Los jueces Llorens y Bertuzzi enfatizaron la diferencia entre una pérdida económica producida por la caída de un activo de alto riesgo y un desapoderamiento provocado por un engaño penalmente relevante. Señalaron que términos como "rug pull", "insider trading", "lavado de prestigio" o "calidad simulada" no eran suficientes por sí mismos para demostrar un ardid típico en este caso concreto. Además, destacaron que la tecnología blockchain, al registrar las operaciones de manera inmutable, permite a los participantes del mercado evaluar los riesgos y las fluctuaciones de cotización.

Respecto al argumento de que el reconocimiento previo como querellantes constituía cosa juzgada, la Cámara rechazó dicha postura. Explicó que aquella decisión fue provisoria, adoptada en una etapa inicial con elementos limitados, y que una investigación penal puede modificar sus hipótesis al incorporar nueva evidencia. El tribunal afirmó que el avance de la pesquisa debilitó la teoría de un plan organizado desde ámbitos gubernamentales o de desarrolladores, ganando peso la hipótesis de compras en un mercado no regulado y altamente volátil.

Ante la resolución, uno de los afectados expresó ironía respecto a la reconfiguración de la Cámara Federal porteña por parte de la Casa Rosada, afirmando que "hicieron los deberes bien hechos". No obstante, manifestó que esperan que la Cámara de Casación revierta esta decisión. Es importante aclarar que este fallo no cierra la investigación sobre $LIBRA ni define la responsabilidad penal de los investigados, sino que se limita estrictamente a la legitimación procesal de los cinco inversores apelantes.

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