En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, celebrado cada 30 de agosto, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) ha emitido una fuerte denuncia pública. La organización sostiene que la desaparición forzada continúa representando una deuda histórica y se mantiene como una práctica de impunidad dentro del territorio salvadoreño, incluso tras tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz.
La denuncia fue respaldada por diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes se unieron a la MECIES para visibilizar lo que califican como una impunidad histórica y estructural. Según los denunciantes, los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno aún no han sido debidamente procesados ni sancionados.
Las organizaciones enfatizaron que, a más de treinta años de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil, miles de familias salvadoreñas siguen en espera de que los sucesivos gobiernos, incluyendo la administración actual, cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales. Las demandas centrales se enfocan en el establecimiento de la verdad, la garantía de justicia, la identificación de las víctimas, la sanción a los responsables y el aseguramiento de reparaciones integrales para los afectados.
Para la MECIES y los colectivos acompañantes, la desaparición forzada no debe ser vista simplemente como una herida del pasado. Argumentan que las consecuencias de estos crímenes continúan afectando profundamente a las víctimas directas, a sus núcleos familiares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto, manteniendo vivo un trauma social que no ha sido resuelto.
En los últimos años, se ha señalado una ausencia de avances significativos en la investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos. La organización denunció específicamente la falta de voluntad política por parte del Estado para garantizar el acceso a los archivos militares, lo cual es fundamental para una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. Asimismo, criticaron el incumplimiento de sentencias y recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Un punto crítico de la denuncia es el estado de desacato en el que se encuentra el Órgano Legislativo. La MECIES recordó que, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que obligaba al Legislativo a aprobar una ley de justicia transicional con el objetivo de reparar las heridas dejadas a las víctimas durante la guerra civil. A pesar de que las organizaciones han presentado cuatro anteproyectos de ley sobre esta materia, ninguna legislatura ha mostrado la voluntad política necesaria para atender la exigencia judicial ni responder al clamor de las víctimas.
Adicionalmente, los denunciantes expresaron su profunda preocupación por el debilitamiento institucional que atraviesa el país, señalando una falta de independencia en el sistema de justicia y un retroceso en las garantías democráticas. Según la organización, estas condiciones antidemocráticas dificultan y alejan la posibilidad de superar la impunidad, tanto de los crímenes cometidos durante la guerra civil como de aquellos que ocurren en el presente.
Ante este escenario, la MECIES reiteró una serie de demandas urgentes dirigidas a los tres órganos del Estado. Al Órgano Ejecutivo, le exigieron garantizar el acceso pleno, inmediato y sin restricciones a los archivos estatales y militares relacionados con las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos. También solicitaron el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, asegurando recursos suficientes para que las dos comisiones de búsqueda creadas en administraciones anteriores puedan funcionar con eficacia. En cuanto a las reparaciones, pidieron asignar presupuestos que permitan superar la insuficiente atención y las exiguas compensaciones económicas actuales.
Al Órgano Legislativo, la organización demandó la promoción de una política pública integral de memoria, verdad y reparación. La exigencia principal es la aprobación inmediata de la Ley de Justicia Transicional, basada en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016, retomando los anteproyectos ya presentados para garantizar los derechos a la verdad y la no repetición. Asimismo, instaron a los legisladores a abstenerse de aprobar medidas que favorezcan la impunidad de responsables de crímenes graves y a fortalecer la protección de los archivos públicos.
Finalmente, al Órgano Judicial y a la Fiscalía General de la República, se les solicitó garantizar investigaciones independientes, diligentes e imparciales, evitando dilaciones indebidas y removiendo cualquier obstáculo que impida el avance de los procesos judiciales. La MECIES insistió en que los derechos de las víctimas y sus familiares deben ser el centro de toda actuación judicial para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. La organización concluyó reafirmando que la verdad no prescribe y que la búsqueda de justicia no puede seguir siendo postergada.
