Un devastador sismo de magnitud 7,4 sacudió el departamento del Chocó, específicamente en la zona de José del Palmar, al oeste de Bogotá, dejando un saldo preliminar de más de 200 personas fallecidas y al menos 2.000 heridos. El movimiento telúrico, que ocurrió pasadas las 7 de la mañana del lunes, hora local, se originó a una profundidad superior a los 100 kilómetros, liberando una cantidad de energía que permitió que el impacto se sintiera con fuerza en gran parte del territorio nacional.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un segundo reporte nacional este martes durante una conferencia de prensa realizada en Pereira, capital de Risaralda. Según las cifras oficiales, el desastre ha dejado 1.136 viviendas totalmente destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas con diversos niveles de avería y 807 centros educativos dañados. Las autoridades advirtieron que estas cifras podrían aumentar en los próximos días a medida que los equipos de rescate y recuperación avanzan en las zonas más afectadas.
Aunque el epicentro se ubicó en el Chocó, la magnitud del evento provocó daños graves en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, así como en numerosos municipios pequeños que rodean estos centros urbanos. Las imágenes capturadas tras el sismo muestran edificios colapsados, balcones caídos y fachadas de iglesias que se derrumbaron en cuestión de segundos.
Expertos consultados analizan que la gravedad de los daños no se debe únicamente a la potencia del sismo, sino a una combinación de factores críticos. El profesor Albert Ortiz, ingeniero civil y director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, explicó que, a pesar de la profundidad del sismo, la energía liberada fue suficiente para causar estragos en la superficie. Ortiz, quien también es investigador de la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica (CEER), señaló que existen falencias estructurales profundas, especialmente debido al alto porcentaje de informalidad en la construcción en municipios pequeños.
En este sentido, el doctor Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, especialista en Estructuras y profesor de la Universidad Internacional de Florida, subrayó que la construcción informal es una de las causas principales de los derrumbes. Según Gutiérrez Melgarejo, Colombia presenta un índice de informalidad en la construcción que ronda el 60 %, una cifra alarmantemente alta que implica que miles de edificaciones carecen de la supervisión de ingenieros estructurales o de una planificación adecuada.
El análisis técnico revela que la vulnerabilidad estructural está ligada a la historia normativa del país. La primera reglamentación oficial de construcción sismo resistente se creó en 1984, como respuesta al destructivo sismo de Popayán ocurrido en 1983. Sin embargo, esta normativa no fue legislativamente exigible hasta la reforma constitucional de 1991. Esto significa que una gran cantidad de edificaciones construidas antes de los años 90 son extremadamente vulnerables. Aunque el código fue actualizado en 2010, persiste el problema de las estructuras antiguas que no han sido reforzadas.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ya había advertido en 2010 que, si bien la normativa evitaba el colapso total de edificios modernos, seguía siendo notoria la desprotección de los elementos no estructurales, los cuales representan un peligro potencial para la vida humana. El profesor Ortiz añadió que muchas de las estructuras colapsadas tienen alrededor de 30 años y, al ser residenciales, los propietarios no cuentan con el presupuesto para reforzarlas, estimando que el costo de reforzar un edificio de cinco o seis pisos puede alcanzar el millón de dólares.
Desde la perspectiva geológica, Colombia se encuentra en una zona de convergencia de placas tectónicas, específicamente donde colindan la placa Sudamericana y la placa de Nazca. Este sismo de subducción ocurrió en una de las áreas de mayor riesgo sísmico, donde las condiciones exigen construcciones estrictamente acordes a la norma.
Finalmente, los ingenieros coinciden en que el proceso de recuperación será prolongado y podría extenderse por varios meses. Los primeros pasos consistirán en evaluaciones detalladas de los daños y la identificación de estructuras que aún representen un riesgo para la población antes de iniciar la reconstrucción masiva del territorio afectado.
