El Tribunal Penal de Goicoechea dictó una resolución este martes en la que rechazó la solicitud presentada por la Fiscalía para extender la medida de prisión preventiva a 17 personas sospechosas de estar involucradas en el megacaso de fraudes registrales y lavado de dinero conocido como "Madre Patria".
Como consecuencia directa de esta decisión judicial, un grupo relevante de imputados quedó en libertad. Entre los beneficiados se encuentran el exjuez Luis Venegas, los empresarios de nacionalidad española Fernando Gómez y Unai León, así como los abogados Jonathan Chaves y Danilo Loaiza. Junto a ellos, el resto de los sospechosos contemplados en la solicitud de la Fiscalía también fueron liberados.
El voto determinante para esta resolución fue emitido a las 10:50 p. m. de este martes. Hasta el momento, la resolución completa se encuentra en proceso de redacción, razón por la cual aún no se conocen los fundamentos legales ni los argumentos específicos que utilizó el tribunal para rechazar la petición de la Fiscalía.
Este giro judicial ocurre en un contexto de alta volatilidad procesal. Hace tan solo tres semanas, el Tribunal Penal de San José había tomado una postura opuesta al anular la libertad de 18 imputados clave en el proceso. En aquel momento, el tribunal había ordenado la recaptura inmediata de estas personas para que cumplieran la medida de prisión preventiva.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (Fadeo) había logrado previamente revertir una medida judicial polémica que fue impuesta en febrero de 2026. En dicha medida anterior, se había sustituido la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas, basándose en el argumento de que no existía un riesgo real de fuga por parte de los involucrados.
Tras los esfuerzos de la Fadeo, el juzgado había dictado inicialmente una extensión de 11 días de prisión preventiva. El objetivo de este plazo era definir el futuro jurídico de los imputados mientras se resolvían las cuestiones pendientes. Sin embargo, la nueva resolución del Tribunal Penal de Goicoechea ha dejado sin efecto dicha permanencia en prisión, permitiendo la libertad de los sospechosos.
El caso denominado "Madre Patria" estalló formalmente en junio de 2024. El inicio de las acciones judiciales se dio tras la ejecución de 47 allanamientos simultáneos coordinados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Desde entonces, la red criminal ha sido procesada por una serie de delitos graves que incluyen fraude registral, estafa mayor, legitimación de capitales (lavado de dinero), falsedad ideológica y cohecho.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo criminal se especializaba en el robo y despojo de propiedades de alto valor. Para lograr este objetivo, los implicados recurrían a la adulteración de firmas y a la falsificación de escrituras públicas, las cuales eran presentadas ante el Registro Nacional para legalizar el traspaso de los bienes.
El impacto económico y patrimonial del caso es considerable. Las autoridades han logrado decomisar más de 35 vehículos de lujo y han procedido a la inmovilización de 13 propiedades de gran valor. Entre los activos inmovilizados destaca un condominio ubicado en la provincia de Guanacaste, el cual ha sido valorado en 34 millones de dólares.
El expediente judicial revela una red compleja que involucra a profesionales del derecho y exfuncionarios públicos. En el proceso figuran ocho abogados y notarios, exjueces, oficiales de la Policía de Tránsito y exjerarcas del Consejo de Transporte Público (CTP), lo que evidencia la infiltración de la red en diversas instancias administrativas y judiciales.
