El Poder Judicial de Costa Rica ha emitido una serie de advertencias dirigidas tanto a turistas como a residentes sobre los riesgos legales asociados a la extracción y transporte de artículos derivados de la flora y la fauna silvestre del país. Según las autoridades, es una práctica común que los visitantes adquieran objetos que contienen elementos naturales, sin ser conscientes de que poseerlos o intentar sacarlos del territorio nacional constituye un delito penal.
Esta situación ha llevado a que numerosos viajeros se encuentren con sorpresas desagradables al momento de pasar por los controles migratorios y aduaneros en los aeropuertos, transformando la culminación de sus vacaciones en una experiencia negativa debido al desconocimiento de la legislación ambiental vigente. Ante este escenario, se ha puesto en marcha la campaña denominada “What You Carry” (Lo que te llevas), una iniciativa diseñada para concientizar a la población sobre el impacto ecológico y las consecuencias jurídicas de llevarse pequeños recuerdos provenientes de la naturaleza costarricense.
El fiscal general, Carlo Díaz, ha sido enfático al señalar que muchas personas incurren en estas acciones sin saber que existe una sanción penal establecida. Díaz explicó que, al tomar partes de la flora o la fauna para conservarlas como recuerdos, los individuos pueden ser sorprendidos por las autoridades, lo que deriva inevitablemente en la apertura de una causa penal. El objetivo primordial de la campaña es precisamente evitar que los turistas caigan en este error por falta de información.
Más allá del acto individual, las autoridades alertan que la compra de estos productos, aunque se realice de manera inocente, alimenta directamente el tráfico de vida silvestre. Organizaciones criminales se aprovechan del desconocimiento de los compradores para comercializar artículos ilegales, convirtiendo así al turista en un eslabón involuntario de una red de actividad ilícita. La campaña busca transformar la mentalidad del visitante para que priorice la adquisición de experiencias sobre la posesión de artículos extraídos de los ecosistemas.
Desde la perspectiva técnica, John Vargas, jefe de la Sección de Biología Forense del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que la campaña está enfocada principalmente en los visitantes internacionales. El plan de difusión incluye la colocación de anuncios estratégicos en redes sociales, sitios turísticos y, fundamentalmente, en el aeropuerto, con el fin de informar, sorprender y generar una conciencia real sobre la importancia de preservar los recursos naturales.
En este sentido, Adriana Bejarano, gerente de SMS y Gestión Ambiental de Aeris, destacó que el flujo masivo de personas en el aeropuerto constituye una oportunidad invaluable para educar a los viajeros y prevenir que incurran en prácticas ilegales antes de abandonar el país. Los organizadores han aclarado que la iniciativa no busca señalar ni criminalizar al turista, sino brindar las herramientas informativas necesarias para asegurar que su estancia en Costa Rica sea adecuada y respetuosa con el entorno.
Uno de los puntos más críticos de la campaña es la explicación del impacto ambiental acumulativo. José Pablo González, fiscal adjunto ambiental, utilizó el ejemplo de la extracción de conchas marinas para ilustrar cómo una acción que parece insignificante puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. González explicó que, si bien una sola concha no parece afectar el entorno, la extracción de toneladas de estas provoca que los animales pierdan sus refugios naturales, alterando la dinámica de crecimiento y supervivencia de diversas especies.
Complementando esta visión, John Vargas detalló que los ecosistemas operan mediante relaciones de interdependencia donde el equilibrio es fundamental. La extracción de especies, incluso en pequeñas cantidades, puede alterar el comportamiento de la fauna local. Vargas advirtió que, aunque las conchas son los decomisos más frecuentes, las autoridades también han encontrado elementos más graves, como patas de felinos. La eliminación de especies depredadoras del ecosistema genera un desequilibrio que afecta a otras poblaciones animales.
Finalmente, Vargas subrayó que este desequilibrio termina afectando al propio ser humano. Citó como ejemplo la extracción de tortugas, la cual impacta indirectamente en la economía de los pescadores que dependen de la langosta. Según el experto, todo el sistema está integrado, y cualquier alteración en la biodiversidad eventualmente repercute en la sostenibilidad económica y ambiental de la región.
