La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad. La acción judicial surge después de que Aldama asegurase públicamente que la dirigente venezolana fue la persona encargada de entregarle un sobre de la petrolera estatal PDVSA que contendría documentación relacionada con una supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Internacional Socialista.
Rodríguez ha negado rotundamente haber tenido conocimiento de la existencia de dicho documento y sostiene que nunca realizó la entrega al comisionista. Cabe destacar que el sobre en cuestión ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde se integra en la investigación sobre los pagos en efectivo realizados en el entorno del partido socialista.
La vía judicial se ha abierto tras el fracaso de los intentos de resolución extrajudicial. En julio pasado, la dirigente venezolana ya había advertido que presentaría la querella si el empresario no se retractaba de sus declaraciones. Rodríguez cuenta con la representación legal del despacho ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón. Los trámites legales se iniciaron a raíz de las acusaciones vertidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en dos espacios televisivos: el programa ‘Diario de la Noche’ de Telemadrid y ‘Horizonte’ de Cuatro. El pasado 16 de julio, durante un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid, el abogado de Aldama comunicó que su cliente no se retractaría de sus palabras, lo que impulsó la formalización de la querella.
En el documento presentado ante el juzgado, la representación de Rodríguez sostiene que las afirmaciones del empresario le atribuyen una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponden. Por este motivo, la querella solicita que el juzgado requiera a las cadenas de televisión las grabaciones íntegras de las entrevistas y que se tome declaración a Víctor de Aldama para esclarecer las circunstancias exactas en las que se realizaron las acusaciones.
El origen de esta disputa se remonta a febrero de 2020. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama recibió un sobre marrón vinculado a PDVSA. En el envoltorio figuraba Manuel Quevedo, entonces presidente de la petrolera, como remitente y Delcy Rodríguez —quien en aquel momento era vicepresidenta y titular de la cartera de Hidrocarburos— como destinataria. Los investigadores localizaron una fotografía de este documento en el teléfono del empresario, la cual también mostraba un sello de recepción de la Vicepresidencia de Venezuela con fecha del 4 de febrero de 2020.
La UCO había considerado relevante la posible intermediación de Rodríguez, sugiriendo que ella habría recibido la documentación para posteriormente hacérsela llegar a Aldama. Sin embargo, la fecha del sello ha generado dudas debido a que no coincide con la estancia de la dirigente en Madrid durante el conocido ‘Delcygate’ en enero de 2020. Rodríguez aterrizó en Barajas el 20 de enero, se reunió con el ministro José Luis Ábalos y abandonó España ocho horas después hacia Turquía. El supuesto intercambio del sobre, fechado el 4 de febrero, ocurre quince días después de aquel viaje, y no existen pruebas que determinen dónde o cómo se produjo la entrega física.
El asunto salió a la luz judicialmente el 29 de enero de 2026, cuando Aldama declaró ante el juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel. Al ser cuestionado por el fiscal Anticorrupción, Aldama afirmó que el documento estaba vinculado a la “financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista”, señalando directamente a Delcy Rodríguez como la persona que se lo entregó.
Tras estas declaraciones, el juez Pedraz remitió la información al magistrado Ismael Moreno, quien instruye una pieza secreta en la Audiencia Nacional sobre pagos en metálico en el entorno del PSOE. En este procedimiento, Aldama entregó el sobre original a mediados de marzo. Según el empresario, la documentación se refería a bonos o cupos de petróleo venezolano utilizados para canalizar fondos hacia el PSOE y la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez.
La querella actual subraya la ausencia de pruebas que identifiquen a Rodríguez como la persona que entregó el sobre, cuestionando además que el empresario conservara el envoltorio durante más de seis años. Sus abogados señalan que el sello de recepción no incluye el apellido de Aldama ni lo identifica como destinatario, y critican la falta de trazabilidad del documento. Finalmente, recuerdan que la dirigente venezolana no es investigada en la causa judicial donde Aldama basó sus declaraciones televisivas, calificando sus palabras como un delito de injurias graves con publicidad, que podría acarrear una multa de entre seis y catorce meses.
