La provincia de Condorcanqui, ubicada en el departamento de Amazonas, atraviesa una situación crítica en materia de seguridad y derechos humanos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por José Luis Oblitas, jefe de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, se ha registrado un promedio alarmante de 370 denuncias de violencia sexual durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2026. Estas estadísticas revelan un escenario de vulnerabilidad extrema para la población de esta zona fronteriza.
Dentro de este preocupante volumen de reportes, destaca un caso de extrema gravedad que ha generado indignación. Se trata de la denuncia contra dos efectivos del Ejército, quienes son acusados de irrumpir en las instalaciones de la residencia escolar Ciro Alegría. Según los informes, los soldados habrían realizado tocamientos indebidos a dos adolescentes, de entre 15 y 16 años de edad, quienes se encontraban pernoctando en dicho centro educativo, ubicado en el distrito de Nieva.
Durante una intervención en el programa "La Rotativa del Aire", el representante de la Defensoría del Pueblo no solo alertó sobre la incidencia de los delitos sexuales, sino que puso el foco en la precariedad estructural de la región. Oblitas enfatizó que las víctimas de estos delitos se enfrentan a una doble tragedia: la agresión sufrida y la carencia casi absoluta de servicios básicos de salud y seguridad. La zona fronteriza con Ecuador padece una alarmante falta de comisarías y centros médicos accesibles, lo que deja a las víctimas en un estado de total desprotección.
Para dimensionar la magnitud del aislamiento geográfico, el funcionario detalló que Santa María de Nieva, la capital de la provincia de Condorcanqui, se encuentra a más de 16 horas de distancia de Chachapoyas, la capital regional de Amazonas. Esta distancia crítica dificulta cualquier respuesta inmediata del Estado. Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente al Ejército la puesta a disposición de un helicóptero, herramienta indispensable para garantizar el traslado rápido y seguro de las víctimas hacia centros especializados.
Uno de los puntos más críticos expuestos por Oblitas es la paradoja jurisdiccional que viven los habitantes de la zona. El funcionario señaló que, debido a la inexistencia de comisarías en sectores específicos del lado peruano, muchos de los hechos delictivos terminan siendo investigados en territorio ecuatoriano. Esta situación ocurre porque el acceso a las autoridades peruanas implica viajes fluviales que pueden durar entre dos y tres días.
A esta dificultad logística se suma el factor climático. El representante de la Defensoría advirtió que, en diversas ocasiones, las fuertes lluvias impiden que las embarcaciones fluviales puedan partir, ya que el estado del río pone en riesgo la vida de los ocupantes. Esta barrera natural afecta directamente a las víctimas y a sus acompañantes, quienes quedan atrapados en la zona sin posibilidad de denunciar o recibir atención médica oportuna.
En relación al caso específico de los soldados implicados en los abusos en la residencia escolar Ciro Alegría, Oblitas informó que ya se han solicitado las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes contra el personal castrense. El funcionario fue enfático al exigir que estos procesos se lleven a cabo con la máxima celeridad y que culmine en una condena firme si se determina la responsabilidad de los militares involucrados.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a combatir la impunidad en la región. José Luis Oblitas advirtió que la sensación de que los delitos no tienen consecuencias actúa como un incentivo para la proliferación de nuevos casos de violencia sexual. Según el funcionario, evitar que estos hechos queden impunes es la única vía para frenar la ola de agresiones que hoy alarma a todo el departamento de Amazonas.
